Pau Roca, secretario general de la Federación Española
del Vino
El calentamiento global y las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) están a la orden del día en cualquier medio de comunicación.
Y más aún en estos momentos debido a la importante ‘Conferencia sobre el Cambio
Climático’ que se está celebrando en Copenhague, y en la que se debaten los
compromisos internacionales de las naciones para reducir las emisiones de CO2.
El mundo del vino ni quiere ni puede ser ajeno a esta
realidad. Las bodegas españolas asumen sus responsabilidades corporativas y
sociales; y se adaptan a los tiempos comprometiéndose a buscar la forma
correcta de calcular su contribución a las emisiones de GEI, para después poder
reducirlas si fuera necesario.
De todos es sabido el gran valor ecológico del viñedo,
que —particularmente en España— contribuye de forma notable a la conservación
de suelos (casi siempre pobres), a la lucha contra la desertificación, a la
fijación de agua y a la creación del paisaje, además de tratarse de un cultivo
relativamente poco mecanizado o tecnificado. Sin embargo —y con la excepción de algunas loables
iniciativas de empresas individuales— no
se dispone de información sobre la medida en que la actividad vitivinícola
contribuye a las emisiones de CO2. Y es algo que el sector necesita saber, no
solo para actuar en consecuencia por responsabilidad social, sino también
porque es una información que consumidores y grandes cadenas de distribución
comienzan a demandar.
El Grupo de Trabajo ‘MA+I’
Por estas razones, entre otras, la Federación Española
del Vino (FEV) creó a principios de 2009 un grupo de trabajo sobre ‘Medio
Ambiente e Innovación’, entre cuyos cometidos se incluye, obviamente, el
estudio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Uno de los problemas que el grupo de trabajo se ha
encontrado desde el principio de su actividad es el de las definiciones de
conceptos básicos. La ‘contabilidad’ de los GEI, aunque avanza día a día, es
una disciplina bastante reciente y apenas dispone de estándares globalmente
aceptados. Tras asumir, con algunos matices, los conceptos de
‘Evaluación del Ciclo de Vida’, ‘Huella de Carbono’,
‘Balance de CO2’, ‘Ciclo Corto’, ‘Ciclo Largo’… comúnmente aceptados, aparecen
las características específicas del sector que es necesario tener en cuenta
para una correcta evaluación.
Así, por ejemplo, algunos protocolos internacionales no
consideran el CO2 producido por la quema de biocombustibles (sarmientos y otros
restos vegetales en el sector vinícola), pero sí tienen en cuenta las emisiones
de otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso,
derivadas del uso de esos mismos biocombustibles. Y un viñedo con cepas de 50,
70 o 100 años, ¿a qué ciclo pertenece?, ¿sus intercambios de carbono son
rápidos o lentos?
Estudio de las emisiones de CO2 en la OIV
Está claro que el problema es definir un método de cálculo y
atribución específico para la industria del vino. A día de hoy existen dos
protocolos de cálculo de emisiones de CO2 en el sector vitivinícola, basados
parcialmente en la norma ISO 14064. Uno de ellos, bastante avanzado, es fruto
de una iniciativa privada de bodegas de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y
California, y se denomina ‘International Wine Carbon Calculador Protocol’
(IWCCP). El otro es un protocolo francés, llamado ‘Bilan Carbon’, patrocinado
enteramente por la agencia ambiental del país vecino y aún poco desarrollado.
El IWCCP se puso en marcha con el fin de adelantarse a los
demás y marcar de entrada algunas pautas frente a las exigencias de la
distribución. Pero en la economía global se hace necesario un sistema de
cálculo único, consensuado a nivel internacional. Con este fin, la OIV (Organización
Internacional de la Viña
y el Vino) ha creado un comité especial en el que la Federación Española
del Vino participa activamente.
El ‘Protocolo OIV de Contabilidad del Carbono para la Industria Internacional
del Vino’ pretende armonizar diferentes metodologías. En la ultima reunión del
comité ya se vio claramente que el documento IWCCP —sin dejar de tener el mérito de ser el
primero— es insuficiente para el cálculo
de la huella de carbono del producto. Su aplicación solo daría buenos
resultados en la medida del balance de CO2, a escala de empresa o centro de
producción. Pero incluso en éste último caso, hay ciertas zonas grises en la
atribución y contabilidad de las emisiones de determinados procesos que
requieren de consenso para poder disponer de una única norma internacional
homologada.
Aplicación en España
El Grupo de Trabajo ‘Medio Ambiente e Innovación’ de la FEV ha tomado la iniciativa de
realizar un estudio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector
vitivinícola español, y ya han comenzado los contactos con la Dirección General
de Gestión Medioambiental del MARM. También se ha propuesto a algunos
destacados técnicos y profesores universitarios la elaboración de un documento
que muestre el punto de partida y las líneas maestras del trabajo a
desarrollar, incluyendo la experiencia aportada por algunas bodegas españolas
que ya llevan algún tiempo investigando en este campo.
Además de los motivos puramente ambientales y sociales,
existe otra buena razón para que la industria vinícola conozca con detalle su
perfil de emisiones. En varios países de la Unión Europea se
está estudiando la modificación de algunos impuestos para incluir criterios
ambientales en su tarificación. El sector del vino debe avanzar lo más rápido
posible para conocer bien sus magnitudes, evitando así que se le puedan
atribuir módulos colectivos de carácter estimativo, que siempre resultarían
onerosos.
Políticas medioambientales y defensa del consumidor
A finales de noviembre se celebró en Lund (Suecia), dentro
del programa de la presidencia sueca de la UE, una conferencia de ámbito europeo sobre
producción alimentaria adaptada al medio ambiente: la ‘Climate Smart Food’. En
esta conferencia se vio que la agricultura es responsable del 9% del total de
las emisiones de GEI en la
Unión Europea, aunque hay grandes diferencias entre los
Estados Miembros (desde el 3% para Luxemburgo hasta el 26% para Irlanda).
También se ha puesto de manifiesto que, aunque hay una tendencia clara a
disminuir las emisiones, existen dificultades en su atribución y contabilidad
pues no hay protocolos uniformes de cálculo.
Por otra parte los consumidores —ampliamente representados en la
conferencia— exigen información precisa
sobre responsabilidades ambientales; y, lo que es peor, un 48% de ellos
desconfía de la información medioambiental que las empresas incluyen en el
etiquetado de sus productos. Además, para el consumidor europeo medio, el
ambiental es el tercer componente más importante en las decisiones de compra,
después de la calidad/seguridad y del precio del producto.
Así las cosas, la conferencia de Lund despeja cualquier duda
de que las políticas de defensa del consumidor y las exigencias
medioambientales van a converger muy pronto, constituyendo una prioridad
política de los gobiernos y de la propia UE en los próximos años.
Afortunadamente, para las empresas agroalimentarias hay un amplio margen de
actuaciones que pueden mejorar la gestión ambiental —especialmente en la parte no agrícola del
proceso— y que también pueden contribuir
a reducir los costes de producción, aunque requieran esfuerzo e inversión.