Con el aforo previsto, incluso en el mejor de los casos, será difícil cubrir la cuota. Esta organización agraria considera que los incentivos de la azucarera no han sido suficientes y que esto deberá modificarse para el próximo año.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG
Andalucía, considera que en la campaña que comienza será difícil cubrir
la cuota de remolacha, que asciende a 565.000 toneladas. Este año, la
superficie sembrada se ha reducido en un 25%, al pasar de las casi 10.200
hectáreas de la campaña pasada a las 7.600 de la actual. Por eso, incluso en
las mejores circunstancias, será difícil alcanzar la cuota establecida. El
último aforo de la industria preveía 510.000 toneladas, frente a las entregas
del año pasado, que fueron de casi 567.000 t, con 16,93 grados y un descuento
del 10,35%.
COAG Andalucía considera que los incentivos que
ofrecía la industria no han sido suficientes, de ahí el marcado descenso en la
superficie. Por eso, esta organización agraria espera que Azucarera tome nota y
rectifique para el año próximo, con objeto de recuperar parte de la superficie
perdida en la presente campaña.
Por
lo que respecta a los precios, rondarán los 42,65 €/t para un rendimiento medio en regadío similar al de campañas anteriores.
No obstante, las campañas se ‘cierran’ hasta con tres años de retraso, por lo
que el agricultor se ve obligado a afrontar elevados costes de producción sin
saber cuándo cobrará. Sólo en agroambientales, quedan pendientes de cobro 48
expedientes de 2009, 325 de 2010 y 1.220 de 2011. Todo ello supone casi 5
millones de euros pendientes de cobro.
La reducción de superficie tiene una indudable
repercusión en el empleo generado, que este año se reduce a unos 152.000
jornales: el año pasado fueron 184.000 y la media de las campañas 2002-2006,
antes de la reforma, era de casi 595.000. La reforma tuvo igualmente efectos
devastadores en el número de explotaciones, que se redujo en un 50%, hasta
situarse en las 1.200 que quedan actualmente. Se cerraron cuatro fábricas y se
perdió el 80% de la cuota y de la superficie.
En palabras de José Antonio García, miembro de la
Ejecutiva de COAG Andalucía, la reforma se ha utilizado para desmantelar con
dinero público un sector estratégico, que produce un alimentos de primera
necesidad como es el azúcar, en el que además éramos y somos deficitarios. ¿Con
qué objeto? Muy sencillo. Para que las empresas alemanas y francesas se queden
con el mercado de consumo español. Por eso, se hacen normativas que dejan al
agricultor trabajando por debajo de costes de producción, invitándole a que
abandone, y perdemos nuestra soberanía alimentaria.
Se pone de relieve una vez más que no se cumple el
objetivo de la OCM de asegurar la competitividad del sector. Se trataba de
reestructurar para dejar sólo la remolacha más productiva y competitiva,
recurriendo al mercado en casos de necesidad. Pero ya se ha demostrado que no
es como se esperaba: en las dos últimas campañas, ha habido problemas de
abastecimiento por la escasez de producto en los mercados. La liberalización
del mercado tampoco ha traído consigo la estabilidad de precios para el
consumidor, ya que se han alcanzado máximos históricos (frente a los 404 €/t
que se fijan en Europa para el azúcar, el precio internacional se sitúa en más
de 650 dólares/t (524 €/t), aunque se han alcanzado máximos de hasta 800
dólares/t, equivalentes a 640 €/t).
Por todo ello, es fundamental, según García, que
haya un frente común entre la administración, la industria, los consumidores y
los productores, para garantizar la actividad y el abastecimiento mediante un
precio estable tanto al remolachero como al ciudadano. Si no es así, éste será
el principio del fin. Ahora, de la remolacha, y después de los demás sectores
productivos.