Con esta normativa se actualizan los requisitos agronómicos para la siembra, preparación del terreno o fertilización.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado
el nuevo reglamento específico de Producción Integrada de arroz, una
normativa que se adapta a los requisitos, avances técnicos y nuevos
conocimientos que han surgido sobre esta actividad en los últimos años.
En este sentido, el reglamento, que entra en vigor mañana, incluye
nuevas exigencias relativas a la seguridad, higiene en el trabajo,
formación del personal, las condiciones que debe reunir el almacén de
los productos fitosanitarios y fertilizantes así como la normativa para
la revisión de la maquinaria necesaria para la aplicación de los mismos.
Además, con esta normativa se actualizan los requisitos agronómicos para
la siembra, preparación del terreno o fertilización y todas aquellas
actuaciones encaminadas a conseguir un cultivo del arroz sostenible y
viable económicamente.
Igualmente, se modifica la normativa para aplicar las técnicas de
control integrado de plagas en el cultivo mediante métodos de muestreo
en puntos de control, la estimación del riesgo para cada plaga y las
medidas de control necesarias. De esta forma, los agricultores de
Producción Integrada se adelantan al cumplimiento de los nuevos
requisitos en materia de utilización de fitosanitarios exigidos por
Europa para conseguir un uso sostenible de los mismos.
Evolución del cultivo del arroz
El cultivo del arroz ha sido pionero en la aplicación de técnicas de
producción sostenible como la Producción Integrada, un sistema que
pretende obtener productos agrarios de máxima calidad mediante técnicas
respetuosas con el medio ambiente y manteniendo la viabilidad de las
explotaciones.
Prueba del buen resultado de la Producción Integrada en este cultivo es
que, en la actualidad, el 100% de la superficie del cultivo del arroz
andaluz se realiza bajo la norma de Producción Integrada y en el año
2011 hubo más de 37.000 hectáreas de arroz en Producción Integrada,
destacando las provincias de Sevilla y Cádiz, con más de 34.000 y cerca
de 3.000 hectáreas respectivamente.
