España, Francia, Italia y Grecia pedirán
mañana a la Unión Europea (UE) cambios en las normas que regulan el
mercado de las frutas y las hortalizas, para evitar que en el futuro se
repita una crisis como la ocurrida este verano en el sector.
El asunto se tratará en un consejo de ministros de Agricultura en el que
la responsable de Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar y sus homólogos de
Francia, Italia y Grecia, explicarán al resto de países los detalles de
su propuesta.
En la campaña de este año se han conjugado
distintos "factores adversos", empezando por la crisis sanitaria creada
por la bacteria E.coli, que han hecho que el sector "haya tenido precios
especialmente bajos y una situación de crisis importante", explicaron
fuentes españolas.
El objetivo que persiguen los cuatro países
es adecuar los instrumentos previstos en la Organización Común del
Mercado (OCM) hortofrutícola para permitir una mejor reacción ante
situaciones de "crisis grave".
También quieren aumentar la
eficacia de las medidas actuales, "con la mejora del mecanismo existente
de retirada", explica la propuesta.
En particular, piden un
mecanismo de retirada "más eficaz", abierto a los productores
independientes y la posibilidad de que, en los casos más graves, los
países puedan completar las ayudas europeas con subvenciones nacionales.
Asimismo, reclaman que cuando se desate una crisis grave se activen
de manera "inmediata" acciones de comunicación y de promoción para
impulsar el consumo, financiadas por la UE.
Para España,
Francia, Italia y Grecia, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
es el marco adecuado para "plantear el debate" sobre los cambios
perseguidos.
Por ello, proponen trabajar "de forma urgente" con la Comisión Europea sobre este asunto.
El pasado julio, España, Italia y Francia reclamaron a Bruselas un
aumento en las ayudas a la retirada del melocotón y la nectarina, los
productos más afectados por la crisis de este verano, algo que la CE se
mostró dispuesta a hacer y que probablemente será votado esta semana.
En el Consejo de mañana, por otra parte, los ministros mantendrán un
debate sobre los cambios que la UE prevé introducir en las normas sobre
distribución de comida entre las clases sociales más pobres, en el marco
de la Política Agrícola Común.
Una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado abril a instancias de
Alemania y Suecia, obliga a que los alimentos cubiertos por el Programa
Europeo de Ayuda a los más necesitados procedan de existencias no
vendidas.
Aunque durante años la mayoría de esos productos
provenía de excedentes alimentarios, la progresiva desaparición de los
mismos hizo a la Comisión recurrir al mercado para su adquisición.
En 2009, el 80 % de los alimentos del programa se adquirían en el mercado.
A raíz de la sentencia, la ayuda alimentaria se reducirá
drásticamente a partir del próximo año, cuando se destinarán 113
millones de euros, frente a los 400 millones con los que se contaba en
años anteriores.
España, uno de los países más beneficiados por el programa, recibió en 2010 fondos superiores a 50 millones de euros.
