La consejera ha destacado que la nueva Ley, que constituye una norma pionera en Europa.
El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley del Olivar, después de ocho
meses de intenso debate y participación activa por parte de las
Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), representantes de colectivos y
entidades, y partidos políticos. Según ha destacado la consejera de
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, la implicación de los agentes de
la concertación social durante el proceso de tramitación y debate
parlamentario del proyecto de Ley ha hecho posible que esta norma sea
hoy una realidad.
La consejera ha destacado que la nueva Ley, que constituye una norma
pionera en Europa, establece un marco normativo completo y los
instrumentos necesarios para afrontar con éxito los retos futuros y
consolidar el liderazgo mundial de un sector que produce el 40% del
aceite de oliva del mundo y el 20% de la aceituna de mesa, y exporta el
70% del aceite de oliva español y el 21% del aceite de oliva del mundo.
La Ley del Olivar no sólo contribuirá a la modernización permanente
de este sector, sino que, además, garantizará más apoyo público a los
olivareros que más lo necesitan, en cumplimiento de uno de sus
principales fines, que es el reequilibrio de las ayudas que las
diferentes administraciones destinan a este sector.
La aprobación hoy de esta Ley representa el cumplimiento de un
compromiso asumido en su día por el partido en el Gobierno andaluz,
dada la importancia estratégica que este cultivo tiene para la
comunidad autónoma, con una superficie de más de 1,5 millones de
hectáreas, que representa el 60% del total nacional y el 30% del
europeo, y de cuya actividad dependen en la actualidad más de 250.000
familias en 300 municipios andaluces, generando más de 22 millones de
jornales al año y suponiendo en torno al 24% del valor de la producción
agraria andaluza. En términos de balanza comercial, las exportaciones
andaluzas de aceite de oliva, que representan el 70% de las
exportaciones españolas y el 21% de las mundiales, ascendieron en 2010
a más de 580.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones
de euros.
Tal y como ha explicado Clara Aguilera, se trata de una Ley de
fomento, porque tiene como principal objetivo regular y promover el
desarrollo de todo un sector, haciéndolo más competitivo y reconocido
por la sociedad. En ese sentido, con la Ley del Olivar se establece el
marco normativo adecuado para impulsar todas las acciones dirigidas a
la mejora de la competitividad de la producción olivarera,
reorientándola a las necesidades y demandas del mercado y fomentando su
calidad y promoción.
Asimismo, ha subrayado que, gracias al voto favorable de la Cámara,
Andalucía ya dispone de una Ley territorial que favorecerá la
cohesión de las zonas rurales, a través de actividades económicas
ligadas al olivar y a la cultura del aceite que propiciarán su
desarrollo sostenible y el mantenimiento de sus núcleos de población.
Con tal fin, se implementarán políticas de diversificación que permitan
un mejor aprovechamiento de las explotaciones olivareras, generando
mayor riqueza y valor añadido para esta actividad y la comarca en la
que se desarrolla, y se promoverán medidas de apoyo a la protección,
conservación y uso del patrimonio productivo, natural, paisajístico,
etnológico, cultural y arqueológico asociado al olivar y aceite de
oliva. Precisamente, una de las características más innovadoras y
distintivas de esta Ley es la tutela del patrimonio olivarero y la
cultura del aceite. Dicho patrimonio está integrado por el olivar con
especial representatividad y significado en su entorno.
Competitividad y Sostenibilidad
La Ley del Olivar persigue como doble objetivo el fomento de la
competitividad y sostenibilidad de este sector. En el primer caso, se
dará prioridad a actuaciones como la reestructuración del olivar
tradicional, modernizando aquellas explotaciones potencialmente
productivas; el fomento del regadío en el olivar, primando, en todo
momento, el uso eficiente del agua, en cumplimiento de la Ley de Aguas
y los Planes Hidrológicos de Cuenca, y la apuesta por las energías
renovables en las explotaciones y en la industria transformadora,
favoreciendo el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas y
el uso de la biomasa para la producción energética.
Igualmente, se fortalecerán los programas de investigación,
desarrollo, innovación, formación e introducción de nuevas tecnologías
aplicadas al sector del olivar, con objeto de seguir avanzando en
calidad. Este aspecto también se fomentará mediante certificaciones
realizadas a los procesos productivos de las industrias olivareras, el
refuerzo de los sistemas de trazabilidad, y la mejora de la información
a los consumidores.
En su apuesta por la competitividad, la Ley del Olivar propiciará
una mayor profesionalización del sector y contribuirá a un empleo de
calidad que promueva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres
y mujeres. Destacar, asimismo, que servirá para una mejor vertebración
y organización del sector, impulsando los procesos de concentración
empresarial y de la oferta para dotar a los productores de una mayor
fuerza negociadora ante la gran distribución e incorporar más valor
añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y la
aceituna de mesa.
Por lo que respecta a la mejora de la sostenibilidad, se prestará
una especial atención al olivar tradicional y con desventajas
naturales, para facilitar su rentabilidad y evitar el abandono de los
territorios que dependen de este cultivo. Además, y en su línea de
preservar la renta agraria, la Ley apuesta por la multifuncionalidad y
diversificación en las explotaciones agrícolas y en la industria del
sector del olivar, para incrementar la renta de los olivicultores de
procedencia no agraria.
Instrumentos de aplicación de esta Ley
El desarrollo de esta Ley implica una acción integral, orquestada
desde distintos frentes y que requiere de una colaboración
público-privada, que se fomentará mediante contratos territoriales,
para dar curso a las actuaciones previstas en el principal instrumento
de aplicación de esta norma, el Plan Director del Olivar, documento en
el que se definen las estrategias de actuación necesarias para la
mejora del sector.
A partir de la entrada en vigor de la Ley del Olivar, se abrirá un
plazo máximo de un año para la presentación del Plan Director, que
contará con una validez de 6 años. Aparte de actuar como el principal
instrumento de coordinación e integración de las diferentes
actuaciones, este Plan delimita los territorios del olivar -que son los
espacios donde es determinante la producción de aceituna o de aceite y
que, por tanto, constituyen las zonas de aplicación de dicha Ley-, y
realiza un diagnóstico económico, social, ambiental y cultural de este
cultivo.
El Consejo Andaluz del Olivar es otro de los órganos que contempla
esta Ley, y el encargado de informar del Plan Director y sus
modificaciones. Estará formado por 20 miembros, entre representantes de
las administraciones, organizaciones sectoriales y especialistas de
diferentes ámbitos, y se constituirá en el plazo máximo de nueve meses,
desde la entrada en vigor de la Ley.
Respecto a los contratos territoriales, contribuirán a una mejor
gestión de los territorios del olivar y deberán ser suscritos entre la
Administración y los titulares de explotaciones para llevar a cabo las
actuaciones previstas en el Plan Director. Esto contratos pueden ser
de zona rural o de explotación. En el primer caso, se impulsarán
actuaciones coordinadas, en cualquiera de los ámbitos de interés de la
Ley, mediante la firma de una serie de compromisos con un conjunto de
titulares de explotaciones olivareras. En el segundo caso, los
compromisos se suscribirán con el titular de una explotación, en el
ámbito de la mejora de su producción.