La propuesta pretende ofrecer un modelo que garantiza la participación de Andalucía y evita la fragmentación de la gestión.
El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la
proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para la delegación de competencias a la Comunidad Autónoma
sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren
íntegramente por territorio andaluz. La consejera de la Presidencia y
Portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, ha señalado tras el Consejo
de Gobierno que la iniciativa legislativa autonómica plantea la
delegación de competencias a la Junta salvaguardando el marco
constitucional vigente, evitando cualquier fragmentacion de la gestión
y con clara reserva de las competencias estatales.
La propuesta
tiene como objetivo dar una solución definitiva para garantizar la
participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su
peso real, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida
el pasado mes de marzo sobre esta materia. En este sentido, plantea la
habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones
central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación
de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de
las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma
minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
En
este sentido, Moreno ha valorado la "diligencia" y el "rigor técnico"
del que están haciendo gala los gobiernos estatal y autonómico para dar
una respuesta a esta situación, y ha opinado que el modelo que se
abordará en la Comisión Bilateral Junta-Estado es un "fiel reflejo" de
que Andalucía acata y da "pleno cumplimiento" a la sentencia del TC.
Entre
las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las
relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión
del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de
aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público
hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de
información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al
uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración
central).
"Andalucía no renuncia a la naturaleza andaluza del
río", ha valorado Mar Moreno, para quien la comunidad cumple así
"jurídicamente" con la sentencia del TC, mientras que "políticamente no
renuncia a lo máximo", en referencia a la delegación de competencias
recogida en el artículo 150.2 de la Constitución.
La proposición
no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el
régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente
al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional
constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones
relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las
obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación
hidrológica de la demarcación.
Finalmente, la consejera de la
Presidencia ha expresado el "apoyo profundo" del Gobierno andaluz a los
dos millones de andaluces que votaron a favor del Estatuto de Autonomía
y, por tanto, respaldaron el "carácter andaluz" del Guadalquivir,
puesto que, además de tratarse de una seña de identidad para la
comunidad, "se está hablando de agua" y ésta es un elemento
"fundamental para la actividad económica" de la región. Asimismo, ha
apelado al consenso de todos los grupos políticos en el Parlamento y ha
abogado por que la "última palabra política en materia del Guadalquivir
la tenga el Congreso de los Diputados, que fue el que aprobó el texto
original del Estatuto de Autonomía".
La Junta de Andalucía
gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un
periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del
Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución
transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una
encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la
continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos
medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de
evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los
proyectos desarrollados durante los últimos años.
