Durante su intervención en la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha destacado la importancia económica y social de este sector para la UE y las consecuencias de una mayor liberalización comercial con terceros países.
Los agricultores y agricultoras, como ciudadanos europeos, somos conscientes de la importancia del desarrollo de los países del norte de África, en aras de la estabilidad de la cuenca mediterránea y del bienestar de los pueblos de la otra orilla del Mediterráneo. Sin embargo, también somos conscientes de que la agricultura ha sido la gran olvidada en el establecimiento de las relaciones comerciales entre ambas partes. El sector agrario ha sido utilizado continuamente como moneda de cambio en la apertura comercial, en beneficio de otros sectores económicos. Así de tajante se ha mostrado el responsable de frutas y hortalizas de COAG en el inicio de su comparecencia en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo para pedir a los europarlamentarios que voten en contra de la renovación del Acuerdo UE-Marruecos en los términos actuales.
Andrés Góngora, voz del sector hortofrutícola español en este proceso de consulta, ha puesto de manifiesto la importancia económica y social del sector para muchas regiones de la UE y las negativas consecuencias que la renovación del Acuerdo UE-Marruecos tendría para las mismas. Las cifras son más que elocuentes: el sector de frutas y hortalizas en la Unión Europea supone el 8,5% de la producción mundial y, con sólo el 3% del área cultivada de la Unión en 1,4 millones de explotaciones, representa el 17% de la producción agrícola europea, lo que supone alrededor de 50.000 millones de €. Es el sector más importante a este nivel, por encima de cereales (10,1%, en 2009), leche (12,7%) o porcino (9,2%). A nivel de la UE, el sector genera aproximadamente 550.000 empleos directos, al margen de los empleos indirectos (industria auxiliar, manipulado, etc.). Los datos en España son aún más relevantes en proporción: el cultivo de frutas y hortalizas en España supone un volumen de negocio de 14.700 millones de €, lo cual supone el 38% de la Producción Final Agraria. Esta cifra se encuentra por encima del valor aportado por el conjunto de la ganadería española. Las ayudas comunitarias únicamente representan el 3% del valor del sector (450 M €), porcentaje que se repite para el conjunto de la UE, ha argumentado el responsable de COAG.
Desde el punto de vista laboral, el sector hortofrutícola es responsable del mantenimiento de 210.000 Unidades de Trabajo Agrario anuales y de la creación de más de 100.000 puestos de trabajo indirectos (en manipulación, envasado, transporte…). Cabe destacar que, en conjunto, las frutas y hortalizas generan el 40% de los empleos del sector agrario español, lo que explica su enorme importancia a nivel social y de desarrollo.
En el capítulo de críticas, Góngora ha recordado que ni el Acuerdo en vigor, ni la renovación que se debate, cuentan con criterios y cláusulas que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para ambas partes, especialmente con el objeto de comprobar el cumplimiento del fin último de la política exterior comunitaria: que se produzcan avances en materia de respeto al medioambiente, en los derechos laborales y –sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población local y por tanto, no sólo de las grandes corporaciones locales o extranjeras. En este sentido, ha afirmado que para los agricultores españoles resulta imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países del Sur.
Tras el rechazo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del PE ahora es el turno de la Comisión de Comercio Internacional que, en las próximas semanas, tendrá que tomar postura al respecto. Tras este paso, el Pleno de la Eurocámara tendrá que votar a favor o en contra de la ratificación del mismo.
