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La organización agraria COAG Andalucía ha denunciado que la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) es un "ataque al modelo profesional" porque resta fondos a los profesionales que "más han invertido en sus explotaciones para dárselos a grandes propietarios que no tienen por qué desarrollar ninguna actividad".

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la COAG tras analizar la información que se va filtrando sobre la nueva PAC para el período 2014-2020, y que será presentada en octubre.

Ha criticado la "pérdida de peso económico" de la PAC, que sufre una "importante reducción de presupuesto" y que, además, experimenta un trasvase de fondos del primer pilar (pagos directos) al segundo (desarrollo rural).

De este modo, parte del dinero que deben recibir directamente los agricultores y ganaderos pasa a destinarse a actuaciones de desarrollo rural, que si bien pueden beneficiar a los productores también pueden tener otros usos no relacionados con la actividad, ha advertido.

Además, las medidas del segundo pilar son cofinanciadas, es decir, que si el Estado no aporta su porcentaje de presupuesto, dicha cantidad se pierde.

La COAG también ha censurado que la Comisión plantee una tasa plana, es decir, una ayuda por hectárea igual para todos, sin "entender de sectores más o menos sensibles ni de cuánto se haya invertido para modernizar una explotación".

Además, se establece un pago verde, que condiciona el 30 % de la partida de ayudas directas al cumplimiento de requisitos medioambientales, que en algunos casos son "absurdos" y pueden convertirse en trabas para conseguir este porcentaje de ayudas buscando, por tanto, un ahorro presupuestario.

Esta organización ha echado en falta que la UE "olvide los objetivos esenciales de la política agraria: producir alimentos para garantizar el abastecimiento de la población y generar empleo para mantener la vertebración territorial".

También le reprocha a la UE que no se incluyan mecanismos de gestión de los mercados, que "son los que pueden garantizar la continuidad de la actividad frente a los abusos y desequilibrios en las relaciones comerciales, según la COAG.