El Protocolo de Nagoya fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio en octubre de 2010 con el objetivo principal de asegurar la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
España firma hoy el
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, convirtiéndose en
el 40 país firmante.
El
Protocolo de Nagoya fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia
de las Partes del Convenio en octubre de 2010 con el objetivo principal
de asegurar la participación justa y equitativa en el reparto de
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Con la
adopción de este instrumento se refuerza el tercer objetivo del
Convenio que junto con la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad suponen el marco general de la política global en materia
de biodiversidad.
El
Protocolo prevé fortalecer el cumplimiento de las normas nacionales de
acceso de los países proveedores de recursos genéticos mediante la
exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros
países donde se utilicen dichos recursos genéticos. Ello permitirá
lograr una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos
genéticos y una más fluida y constante transferencia de beneficios a los
países proveedores con la consecuente mejora de la conservación la
biodiversidad.
Se trata, por
tanto, de un instrumento de gran valor para conseguir ingresos e
incentivos para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo por consiguiente a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
España,
que por su riqueza en diversidad biológica, tiene el doble perfil de
país proveedor y usuario de recursos genéticos, considera que la firma
de este Acuerdo es un paso decidido y responsable en la lucha contra la
pérdida de biodiversidad, que debe protegerse y valorarse tanto por
cuestiones éticas como por su contribución al desarrollo sostenible y al
bienestar humano.
