Tras un amplio proceso de participación y siete meses de consulta pública, 326 alegaciones se presentaron en ese periodo que acabó el pasado jueves.
La propuesta de proyecto del Plan
Hidrológico del Guadalquivir ha recibido 381 alegaciones para mejorar
un documento que se aprobará a final de año, según los responsables de
la Confederación del Guadalquivir, que también han precisado que este
año se invertirán 109 millones en la demarcación.
Tras un
amplio proceso de participación y siete meses de consulta pública, 326
alegaciones se presentaron en ese periodo que acabó el pasado jueves,
aunque el último día entraron 55 más en los registros y aún podrían aumentar, ha
dicho el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Castillo.
Ha resaltado
el "altísimo" número de aportaciones y su variedad, con lo que ofrecen
"una información valiosa para mejorar el plan", y así 226 de esas
primeras 326 corresponden a ciudadanos, de forma particular o sumándose
a colectivos como asociaciones ecologistas y conservacionistas; 76 a
usuarios (61 del sector agrario, 7 del industrial y 8 del de
abastecimiento); y 24 a las administraciones.
Ahora, ha
añadido, estudiarán con detalle y contestarán a todas esas alegaciones
al Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir (PHD), que
sustituirá al de 1998 y empezó a elaborarse en 2007 conforme a la
Directiva Marco de Aguas de 2000 de la UE que obliga al buen estado de
todas las masas de agua antes de 2015.
Posteriormente, con
todas las incorporaciones, el Consejo del Agua del Guadalquivir lo
aprobará antes de que el Gobierno central lo tramite como Real Decreto
Legislativo, lo que se prevé que sea antes de finales de este año y con
una vigencia hasta 2015.
"Un Plan Hidrológico es un elemento
absolutamente dialéctico, con intereses muy encontrados", según
Castillo, que ha puesto de ejemplo que mientras colectivos ecologistas
consideran que hay mucho regadío y proponen volver a cultivos de
secano, los regantes "dicen que hay pocas dotaciones y quieren más
agua".
Para el presidente de la CHG, "hay que intentar llegar a
una síntesis con un recurso limitado, donde hay que mejorar la calidad
de las aguas y los caudales ecológicos y, al mismo tiempo, mantener el
desarrollo de las zonas rurales" que es lo que ha permitido fijar la
población al territorio, sobre todo con los regadíos.
Ha
defendido que "hay que hacer un regadío razonable" e impulsar "los
aspectos medioambientales", como pide la UE, pero "sin olvidar que hay
que buscar las condiciones mejores para la población" de una
demarcación que tiene 57.527 kilómetros cuadrados y se extiende por
doce provincias de cuatro comunidades, fundamentalmente Andalucía.
La disparidad de intereses también se refleja en las alegaciones,
divididas en cinco bloques: aspectos de carácter formal y normativo;
control y gobernanza; programa de medidas; aspectos cuantitativos, los
más mencionados con un 82 % de alusiones; y los cualitativos; además de
los "caudales ecológicos"; según el jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la CHG, Víctor Cifuentes.
En ellos, ha dicho,
unos sectores plantean unas medidas y otros las contrarias, como
mejorar las infraestructuras de control; crear nuevas comunidades de
regantes; mantener o cambiar determinados usos; aumentar la guardería
fluvial; o controlar los usos ilegales.
Otras propuestas, en
muchos casos enfrentadas, son ejecutar nuevas infraestructuras;
modernizar los regadíos; bajar la presión agrícola; medidas de control
de la demanda y de contaminación; que se revisen las concesiones de
riego, en unos casos para recortarlas y en otros para ampliarlas -igual
que pasa con los cauces ecológicos que garantizan el buen estado de las
aguas-; ampliar las zonas protegidas; o atender más al cambio climático.
Por su parte, su director técnico, Juan Saura, ha destacado que la CHG
invertirá este año unos 109 millones, de ellos 89 de forma directa con
fondos de la UE y mediante convenios con entes locales, y 20 del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para actuaciones
sobre todo en Jaén, en la presa de Siles y en regadíos.
De esos
89 millones que gestiona la Confederación, 44 son para modernizar
regadíos; 20 para defensa de inundaciones y obras de abastecimiento y
saneamiento; y 25 para actuaciones de restauración
hidrológica-forestal, entre las que destaca el inicio en septiembre de
la obra del parque lineal del Guadaíra en Sevilla, que durará año y
medio y es el último de los convenios con su Ayuntamiento para
restaurar antiguos cauces.
