La Ley permitirá desarrollar una nueva política de residuos basada en la prevención y en el aprovechamiento eficaz de los recursos, avanzando así hacia la sociedad del reciclado.
El Senado ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, que incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva comunitaria 2008/98/CE y actualiza la legislación, tras más
de 10 años de aplicación de la primera Ley de Residuos.
La nueva política apuesta por la prevención, maximizando el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y la
disminución de sus impactos adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente.
El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción
y gestión de los residuos, delimitando las obligaciones de productores
y gestores, y simplifica trámites administrativos, utilizando un
registro compartido entre las Administraciones que garantiza la
transparencia y trazabilidad en la gestión.
La Ley crea una Comisión como instrumento de cooperación
técnica y de coordinación entre Administraciones públicas en materia de
residuos. La participación de los agentes afectados está prevista
mediante la creación de grupos de trabajo, lo que permitirá desarrollar
una política de residuos más transparente y eficaz.
Asimismo, clarifica las competencias de las administraciones
públicas implicadas en la gestión de los residuos, en especial en el
ámbito local.
De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015
deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales
procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), promoviendo
medidas para la recogida separada de los biorresiduos y su tratamiento
biológico.
Se incorpora un objetivo estratégico de prevención del 10%.
Para los distintos materiales que componen los residuos domésticos y
similares se establece un objetivo de preparación para la reutilización
y reciclado de un 50% antes de 2020. En el caso de los residuos de
construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en
reutilización, reciclado y valorización.
La nueva Ley obliga a las Administraciones Públicas a elaborar
planes y programas de prevención y de gestión de residuos en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y
responsables de la puesta en el mercado de los productos se involucren
en la prevención y gestión de los residuos. La nueva Ley contribuye a
impulsar la innovación asociada a productos y procesos, generando
nuevas oportunidades laborales y sociales. Asimismo posibilita que en
el futuro, y de acuerdo con la legislación comunitaria, puedan
establecerse sistemas de depósito, devolución y retorno como modalidad
de gestión de los productos y sus residuos, siempre que se demuestre
que son técnica y económicamente viables.
Se establece un calendario para la sustitución, en 2018, de
las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y
desde 2015 la obligación de marcarlas con un mensaje sobre sus efectos
en el medio ambiente. En 2016 el Gobierno evaluará la consecución de
los objetivos de dicho calendario y la conveniencia de adoptar medidas
fiscales sobre el consumo de estas bolsas.
Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de
la Ley 10/1998 de Residuos y se clarifican algunas cuestiones
relacionadas con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.
El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y
control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones
y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y
completado el régimen sancionador.
Para la elaboración de esta ley, se ha mantenido
un proceso amplio y continuado de participación pública y de consulta
con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de
Medio Ambiente.
Esta Ley es el resultado del esfuerzo realizado por las
distintas Administraciones, las organizaciones sociales, así como los
sectores empresariales, para avanzar en una gestión más eficaz
económica y ambientalmente de los residuos y en un uso más eficiente de
los recursos en línea con la nueva política europea sobre residuos.
