Cuatro especialistas asesorarán a la Junta para compaginar las competencias de la comunidad autónoma con la sentencia del Tribunal Constitucional.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Comisión de
Personas Expertas que se encargarán de asesorar a la Junta sobre el
futuro modelo de gestión de las aguas del Guadalquivir que discurren
íntegramente por el territorio andaluz. El grupo realizará su labor
hasta que las administraciones central y autonómica acuerden la fórmula
definitiva para garantizar la participación de Andalucía en la gestión
de la cuenca, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
emitida el pasado mes de marzo sobre esta materia.
La consejera
de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, ha
precisado que la labor de este grupo de expertos se sumará a las
funciones de la comisión bilateral integrada por Junta y Gobierno para
trazar una hoja de ruta en este proceso, así como al asesoramiento y
presentación de propuestas sobre los modelos de gestión posibles.
La
Comisión estará integrada por Antonio Embid Irujo, catedrático de
Derecho Administrativo del Agua de la Universidad de Zaragoza; Miguel
Ángel Losada Rodríguez, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la
Universidad de Granada; Pilar Paneque Salgado, profesora titular de
Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, y Ángel Rodríguez
Vergara-Díaz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Málaga.
En tanto se adopta la propuesta definitiva con el
asesoramiento de estos expertos, la Junta de Andalucía gestiona
provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis
meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que
se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada
con la Administración central y concretada en una encomienda a la
Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar, según Moreno, la
"continuidad y la seguridad jurídica" en la gestión de la cuenca, cuyos
medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de
evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los
proyectos desarrollados durante los últimos años.
El grupo de
expertos creado se extinguirá una vez que las administraciones central
y autonómica acuerden la solución jurídica para compaginar la sentencia
del TC con el mantenimiento del peso que corresponde a Andalucía en sus
competencias sobre el Guadalquivir. Este trabajo se viene desarrollando
en el seno de una comisión bilateral de cooperación integrada por seis
representantes del Estado y otros seis de la Junta.
Precisamente,
Mar Moreno ha anunciado la próxima celebración de la primera reunión de
esta comisión bilateral para "establecer un calendario de reuniones e
intercambiar los primeros documentos e informes de aproximación a este
nuevo modelo de gestión del Guadalquivir". En este sentido, ha abogado
por que Andalucía "tenga la mayor presencia" en el río, siempre en el
marco de la Constitución Española, el margen establecido por la
sentencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía.
