El consejero de Medio Ambiente ha informado en el Parlamento de la política hidráulica de su departamento y de la gestión del Guadalquivir.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado
en comisión parlamentaria de la nueva estructura de su departamento, en
la que se integra toda la organización, medios y recursos de la actual
Agencia Andaluza del Agua. De esta manera, se incorpora como una
Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del siglo
XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la
participación pública en la gestión de este recurso, objetivos
incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la
aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto
andaluz por el Agua.
Esta reestructuración, ha indicado el
consejero, es una respuesta a la realidad económica actual, que demanda
de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para
hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la
recuperación económica. Para ello se ha constituido la Agencia Pública
de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agilización
a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del
derecho público. Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor
seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando
el control y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando
la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus
intereses en su acceso a la actividad pública.
Como resultado de
la nueva reordenación se suprimen la Dirección General de Planificación
y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones
provinciales de Egmasa. El consejero de Medio Ambiente ha señalado que
este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000
euros al año.
Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz
Trillo ha explicado además la situación actual en la gestión del
Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Para un
período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado
una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos
hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente
por el territorio andaluz. Esta encomienda, que garantiza la
continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido
realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y
actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la
transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio
administrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá
que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los
proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los
cánones y tarifas a aplicar, la comunidad andaluza se hace cargo de los
ingresos derivados de los mismos.
Ley de Agua y situación actual
El
consejero de Medio Ambiente también ha querido explicar el desarrollo
de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han
elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de
las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las
competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se
convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos
distritos hidrográficos.
El Observatorio Público del Agua es el
instrumento fundamental para conseguir una información veraz y
transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una
participación pública activa que mejore la gestión del recurso. Este
organismo, ha subrayado el titular de Medio Ambiente, pionero en España
y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de
participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de
exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad
con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio
público.
En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en
la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo
de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos
para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los
distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza
del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces
(PCAI). La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356
millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96% (342
millones).
Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y
Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de
Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una
inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la
generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.
Finalmente,
el consejero ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con
la gestión del conjunto de sus cuencas y ha insistido en la Gestión de
la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del
Guadalquivir, en la que desde 2008 se ha invertido cerca de 235
millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más en
obras para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra
avenidas e inundaciones en toda esta cuenca andaluza.
José Juan
Díaz Trillo ha subrayado, por último, las 22.000 resoluciones anuales
emitidas de media en tres años por la Administración andaluza,
ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadíos, como ha sido el
caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de
Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o
la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en
Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y
Huelva).