Las comunidades autónomas han colaborado activamente en la definición del marco estatal básico de esta importante figura, contemplada en la Ley de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
El
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas,
ha presidido hoy una reunión con las Comunidades Autónomas donde se ha
estudiado el estado de la propuesta de norma reguladora de contratos
territoriales de explotación.
La
figura del contrato territorial está recogida en el artículo 16 de la
ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural como instrumento que
establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las
Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias
que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo
sostenible del medio rural.
Los
contratos territoriales están concebidos como un instrumento jurídico
adicional para el apoyo y reconocimiento de las políticas rurales, con
la intención de primar y apoyar esa contribución al desarrollo
sostenible desde un enfoque de cohesión territorial y, siempre, desde
la base de la libre voluntariedad de las partes.
Con
él se pretende valorar la existencia del flujo de servicios ambientales
y sociales no cuantificados ni visualizados que producen los gestores
del territorio rural derivadas del hecho intrínseco de la presencia de
su actividad tradicional sobre el medio rural.
En
2009 se constituyó un Grupo de trabajo específico encargado de elaborar
el marco reglamentario de puesta en marcha del contrato territorial.
Coordinado desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, dicho Grupo tuvo muy amplia participación y
presencia, alcanzándose varios borradores y propuestas de norma
reguladora de la figura del Contrato Territorial de explotación.
En
la reunión de hoy se ha revisado la versión que ha sido enviada a
consulta a las organizaciones e instituciones interesadas, así como a
las Comunidades Autónomas.
En
relación con las modificaciones incorporadas, y aprovechando las
sugerencias recibidas, se ha realizado también una revisión general del
texto para precisar mejor su alcance, tras lo que se ha estudiado el
calendario de tramitación administrativa del Real Decreto de contratos
territoriales.
