Rosa Aguilar y José Juan Díaz Trillo han firmado un convenio de colaboración, cuya duración es de seis meses, para garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, José Juan Díaz Trillo, han firmado hoy un convenio de
colaboración entre ambas Administraciones, cuya duración es de seis
meses, por el que se encomienda al Gobierno andaluz la realización de
determinadas actividades relativas a la gestión de los recursos y
aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca
del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se
trata de una medida temporal y provisional cuyo objetivo es garantizar
la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público y
que es necesaria para la adecuación al ordenamiento jurídico de la
gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia
de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo.
Las
medidas contempladas en el convenio únicamente afectan a las
actividades materiales, técnicas o de servicios relacionados con las
funciones, servicios y los medios que en su día fueron traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
La
encomienda de gestión es la fórmula que mejor responde a las
necesidades de compromiso mutuo y urgencia de una solución, ya que
permite poner en marcha de manera rápida el procedimiento que evite
cualquier efecto negativo en la gestión de la cuenca, al tiempo que
dota de seguridad jurídica a las actuaciones de los órganos
administrativos desde el momento de la entrada en vigor de dicha
sentencia.
Los
actos y resoluciones dictados en aplicación del artículo 51 del
Estatuto de Autonomía con anterioridad a la vigencia de la sentencia no
son susceptibles de ser revisados.
El
convenio establece que la Comunidad Autónoma se hará cargo de los
gastos derivados de la ejecución de la encomienda de gestión. En ese
sentido, le corresponden los ingresos obtenidos por la recaudación de
cánones y tarifas integrantes del régimen económico-financiero del
dominio público hidráulico, sanciones e indemnizaciones, junto con el
resto de los medios financieros traspasados.
Por
último, se constituye una Comisión de seguimiento integrada por un
número igual de representantes de la Administración General del Estado
y de la Comunidad Autónoma. Estará presidida por la Administración
General del Estado y se reunirá tantas veces como sea necesario para la
coordinación y el mejor cumplimiento de las actuaciones recogidas en el
convenio.
