El proyecto de ley pretende asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector.
El Parlamento andaluz ha dado luz verde
a la tramitación del proyecto de ley del Olivar, una norma cuestionada
por el PP e IU que pretende reequilibrar las ayudas para primar la
competitividad, acabar con la atomización del sector y pretende
perseguir la guerra de los precios.
El proyecto de ley, que
pretende asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector,
quiere dar respuestas a la principal actividad económica de 250.000
familias en más de 300 municipios.
Establecerá mantener y
mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los
territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus
productos.
Plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de
cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración
público-privada, y entre otras novedades establece la figura de los
contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir
con la Administración autonómica, a título individual o agrupados.
Para la cohesión territorial y mantener la renta, introduce un sistema
de ayudas públicas mediante un reparto asimétrico de los recursos,
según la consejera de Agricultura, Clara Aguilera.
"Tendrá más
ayudas aquel olivar que más lo necesite y apostaremos por la producción
ecológica y el uso eficiente del agua", ha dicho.
Sobre la
competitividad recoge la modernización de las explotaciones de olivar
tradicional, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y
la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e
industriales o el fortalecimiento de los programas de investigación e
innovación.
También atenderá a la concentración de la oferta a
través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento
de la calidad y promoción de las producciones.
El proyecto
prevé la ampliación de las políticas que se desarrollan para mantener
la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y
diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones
de trabajo, y respaldar el olivar tradicional y la producción ecológica.
Las medidas de fomento se desarrollarán en el Plan Director del Olivar,
que se aprobará un año después de que entre en vigor la ley.
Con la presencia en la Cámara de representantes del sector, Aguilera
les agradeció su amplia participación en la futura ley que debe ser
"ambiciosa para un sector estratégico, que contará con los medios que
precisa", ha señalado.
Tanto el PP como IU reclamaron la devolución del proyecto de ley, que sacó adelante la mayoría socialista.
Enrique Fernández de Moya, del PP, ha lamentado la política agrícola de
la Junta y el PSOE, que -según dijo- ha situado a Jaén a la "cola del
paro" nacional, y justificó la devolución de la ley en que es
"inconcreta, genérica, proteccionista, intervencionista y atenta contra
la libertad de la empresa".
Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU)
ha advertido que la norma supone la legislación "de la derrota" del
olivar y "no da" soluciones a su "actual ruina".
