Junta y Gobierno acuerdan el establecimiento de una encomienda de gestión sobre el río para garantizar la 'seguridad jurídica' de forma transitoria.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han coincidido en que existe
"margen legal suficiente para que la voz de Andalucía siga siendo
predominante en relación al Guadalquivir". Griñán y Zapatero han
mantenido una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa para
analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el
artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establecía la
competencia exclusiva de la Junta sobre las aguas del Guadalquivir que
transcurren por el territorio de la comunidad.
Al término de
este encuentro, el presidente de la Junta ha explicado que ha acordado
con el jefe del Ejecutivo la convocatoria, el miércoles 30 de marzo, de
la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado.
Este encuentro
persigue, como primer objetivo, dar el visto bueno a un Real Decreto
que aprobaría una encomienda transitoria de gestión del Gobierno
central a la Junta de Andalucía del listado de transferencias sobre el
Guadalquivir que se encontraban bajo control autonómico y que ahora se
han visto afectadas por el fallo del Constitucional.
Este Real
Decreto, ha precisado José Antonio Griñán, servirá para "garantizar la
seguridad jurídica hasta tanto se acuerde la norma que definitivamente
gobierne la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del TC".
En
este sentido, el segundo objetivo de la Comisión Bilateral Junta-Estado
será analizar los puntos que han de regir el nuevo modelo de gestión
sobre el Guadalquivir y la normativa que lo ha de poner en marcha. El
presidente de la Junta ha afirmado que este modelo "se apoyará también
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, toda vez que se han
declarado plenamente constitucionales sus artículos 43 y 50".
Según
ha explicado Griñán, se garantizarán los principios de unidad de
cuenca, la participación de las comunidades autónomas por las que de
forma muy minoritaria también discurre el Guadalquivir y los principios
que el artículo 51 ya reservaba al Estado, como el ciclo hidrológico,
las normas básicas de protección del medio ambiente y las obras
hidráulicas de interés general.
A partir de ahora, según el
presidente de la Junta, comienza un "trabajo complejo de arquitectura
jurídica" basado en el respeto al fallo del Constitucional y a las
competencias del Estado y de otras comunidades autónomas para
salvaguardar la "máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía
en la gestión de su río".
José Antonio Griñán ha agradecido la
"sensibilidad" del presidente del Gobierno y la celeridad con la que se
ha celebrado esta reunión de trabajo, apenas una semana después de la
sentencia del Tribunal Constitucional.