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Feragua espera que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir sirva para recuperar un modelo de gestión más eficiente y austero, basado en el principio de la unidad de cuenca, con mayor protagonismo para la participación de los usuarios y menos margen para la arbitrariedad de los poderes públicos, y en el que se le devuelva a los funcionarios el papel en la toma de decisiones técnicas que hoy les han usurpado los dirigentes políticos.

La primera asociación de regantes de Andalucía va a solicitar a las administraciones central y autonómica una reacción efectiva tras la sentencia del Tribunal Constitucional y les ha pedido que arbitren las soluciones necesarias para que no se extienda la parálisis y la sensación de caos y desgobierno en la Cuenca, una sensación instalada desde que el Gobierno andaluz tomó las riendas y acrecentada en los últimos meses por el anuncio de la liquidación de la Agencia Andaluza del Agua, señala la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante. No sabemos, si como ha dicho el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, la sentencia da margen para que la administración andaluza siga decidiendo sobre la gestión del Guadalquivir, pero nosotros lo que esperamos desde luego es que la sentencia sirva para devolvernos el modelo organizativo que existía en la Cuenca antes de que la Junta de Andalucía se hiciera con las riendas de ella, explica Bustamante.

Feragua considera decepcionante la gestión realizada en estos años por la administración andaluza, que no sólo no ha servido para acercar la administración a los usuarios, como se anunció, sino que sólo ha traído ineficiencia, politización y ralentización de las inversiones. Por ello, y a la vista de la experiencia, consideraría positivo un retorno de las competencias a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o un nuevo modelo de gestión, pero con el esquema organizativo con el que funcionaba la administración del Estado, que preservaba el interés general de la Cuenca sobre los intereses provinciales y políticos.