Esta Ley permitirá la modernización permanente del sector, contribuyendo a que Andalucía siga manteniendo su liderazgo mundial.
La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha presentado en sesión
plenaria del Parlamento de Andalucía el proyecto de Ley del Olivar que,
de esta manera, inicia su proceso de debate en la cámara andaluza,
antes de ser sometido a su aprobación. Para Aguilera, se trata de una
norma pionera en Europa ya que, según ha destacado, garantizará más
apoyo público a los olivareros que más lo necesitan, en cumplimiento de
uno de sus principales fines que es el reequilibrio de las ayudas que
las diferentes administraciones destinan al olivar.
Asimismo, ha señalado que esta Ley permitirá la modernización
permanente del sector, contribuyendo a que Andalucía siga manteniendo
su liderazgo mundial, y ha lamentado que los grupos de la oposición
hayan presentado sendas propuestas de devolución de este proyecto de
Ley, pero sin un texto alternativo que contribuya a enriquecer su
debate.
Aguilera ha recordado que la Ley del Olivar representa el
cumplimiento de un compromiso electoral asumido en su día por el
partido en el Gobierno andaluz, dada la importancia estratégica que
este cultivo tiene para la comunidad autónoma, con una superficie de
más de 1,5 millones de hectáreas y de cuya actividad dependen en la
actualidad más de 250.000 familias en 300 municipios andaluces,
generando más de 22 millones de jornales al año y representando en
torno al 24% del valor de la producción agraria andaluza.
En términos de balanza comercial, las exportaciones andaluzas de
aceite de oliva, que representan el 70% de las exportaciones españolas
y el 21% de las mundiales, representaron, de enero a diciembre de 2010,
más de 580.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones de
euros. Ello supone, con respecto al mismo período del año anterior, un
incremento del 35,3% en volumen y del 23,4% en valor, y la constatación
del liderazgo que este producto ostenta en las exportaciones
agroalimentarias de nuestra comunidad autónoma.
La superficie olivarera andaluza representa, además, el 60% del
total nacional y el 30% del europeo, con una producción que supone el
40% del aceite de oliva del mundo y el 20% de la aceituna de mesa del
mundo.
Tal y como ha explicado, se trata de una Ley de fomento, porque
tiene como principal objetivo regular y consolidar todo un sector,
haciéndolo más competitivo y reconocido por la sociedad. En ese
sentido, con la Ley del Olivar se establece el marco normativo adecuado
para impulsar todas las acciones dirigidas a la mejora de la
competitividad de la producción olivarera, reorientándola a las
necesidades y demandas del mercado y fomentando su calidad y promoción.
La Ley del Olivar tampoco descuida el alto valor medioambiental de
este cultivo, reforzando el papel que puede jugar en el desarrollo
sostenible de los territorios, y ayudando a mantener la población de
las zonas rurales. Con tal fin, se implementarán políticas de
diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las
explotaciones olivareras, generando mayor riqueza y valor añadido para
esta actividad y la comarca en la que se desarrolla, y se promoverán
medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio
productivo, natural, paisajístico, etnológico, cultural y arqueológico
asociado al olivar y aceite de oliva.
Aguilera ha destacado en su intervención que un aspecto innovador
del proyecto de ley es la tutela del patrimonio olivarero y la cultura
del aceite. Dicho patrimonio está integrado por el olivar con especial
representatividad y significado en su entorno.
Doble objetivo
El proyecto de Ley del Olivar persigue como doble objetivo el
fomento de la competitividad y sostenibilidad de este sector. En el
primer caso, se priorizan actuaciones como la reestructuración del
olivar tradicional, modernizando aquellas explotaciones potencialmente
productivas; el fomento del regadío en el olivar, primando en todo
momento, el uso eficiente del agua, en cumplimiento de la Ley de Aguas
y los Planes Hidrológicos de Cuenca, y la mayor eficiencia energética y
apuesta por las energías renovables en las explotaciones y en la
industria transformadora, favoreciendo el aprovechamiento energético de
los residuos agrícolas y el uso de la biomasa para la producción de
energía.
Igualmente, se fortalecerán los programas de investigación,
desarrollo, innovación, formación e introducción de nuevas tecnologías
aplicadas al sector del olivar, con objeto de seguir avanzando en
calidad, un aspecto que también se fomentará mediante certificaciones
realizadas a los procesos productivos de las industrias olivareras, el
refuerzo de los sistemas de trazabilidad, y la mejora de la información
a los consumidores.
En su apuesta por la competitividad, la Ley del Olivar propiciará
una mayor profesionalización del sector y contribuirá a un empleo de
calidad que promueva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres
y mujeres. Destacar, asimismo, que servirá para una mayor vertebración
y organización del sector, impulsando los procesos de concentración
empresarial y de la oferta para dotar a los productores de una mayor
fuerza negociadora ante la gran distribución e incorporar más valor
añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y la
aceituna de mesa.
En lo que respecta a la mejora de la sostenibilidad, se prestará una
especial atención al olivar tradicional y con desventajas naturales,
para evitar el abandono de los territorios y facilitar la rentabilidad
de este tipo de cultivo. Además, y en su línea de preservar la renta
agraria, la Ley apuesta por la multifuncionalidad y diversificación en
las explotaciones agrícolas y en la industria del sector del olivar,
para incrementar la renta de los olivicultores de procedencia no
agraria.
Principales instrumentos de aplicación de la Ley
El desarrollo de esta Ley implica una acción integral, orquestada
desde distintos frentes y que requiere de una colaboración
público-privada, que se fomentará mediante contratos territoriales,
para dar curso a las actuaciones previstas en el principal instrumento
de aplicación de esta norma, el Plan Director del Olivar, documento en
el que se definen las estrategias de actuación necesarias para la
mejora del sector.
A partir de la entrada en vigor de la Ley del Olivar, se abrirá un
plazo máximo de un año para la presentación del Plan Director, que
contará con una validez de 6 años. Aparte de actuar como el principal
instrumento de coordinación e integración de las diferentes
actuaciones, este Plan delimita los territorios del olivar -que son los
espacios donde es determinante la producción de aceituna o de aceite y
que, por tanto, constituyen las zonas de aplicación de esta Ley-, y
realiza un diagnóstico económico, social, ambiental y cultural de este
cultivo.
El Consejo Andaluz del Olivar es otro de los órganos que contempla
esta ley, y el encargado de informar del Plan Director y sus
modificaciones. Estará formado por 20 miembros, entre representantes de
las administraciones, organizaciones sectoriales y especialistas de
diferentes ámbitos, y se constituirá en el plazo máximo de nueve meses,
desde la entrada en vigor de la Ley.
Respecto a los contratos territoriales, contribuirán a una mejor
gestión de los territorios del olivar y deberán ser suscritos entre la
Administración y los titulares de explotaciones para llevar a cabo las
actuaciones previstas en el Plan Director. Esto contratos pueden ser
de zona rural o de explotación. En el primer caso, se impulsarán
actuaciones coordinadas, en cualquiera de los ámbitos de interés de la
Ley, mediante la firma de una serie de compromisos con un conjunto de
titulares de explotaciones olivareras. En el segundo caso, los
compromisos se suscribirán con el titular de una explotación, en el
ámbito de la mejora de su producción.