Al mantener el acaparamiento de los pagos directos por una minoría de grandes explotaciones, el Consejo ha ignorado las expectativas de los ciudadanos y las repetidas advertencias del Tribunal de Cuentas de la UE.
La
Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la reforma
de la Política
Agraria Común (PAC) no tendrá ninguna legitimidad sin techos
de ayudas por explotación.
Los Ministros de Agricultura de la UE, en sus conclusiones de la
reunión del Consejo de 17 de marzo, se opusieron a los límites de ayudas a las
mega-explotaciones de la UE,
rechazando así la propuesta realizada por la Comisión Europea.
Va a ser difícil justificar ante los contribuyentes que más de tres cuartas
partes de los pagos sigan yendo a menos de un cuarto de las explotaciones. Más
teniendo en cuenta que desde la reforma de 1992, el Tribunal de Cuentas Europeo
ha denunciado repetidamente la falta de eficacia de los apoyos, a la vez que
los pagos a una pequeña minoría de las explotaciones. En el caso de Andalucía,
el 1,5% de las explotaciones recibe un 30% de las ayudas, ha argumentado
Eduardo López, secretario de Organización de COAG Andalucía.
COAG respalda expresamente la idea de
circunscribir el apoyo a los agricultores en activo, así como la posibilidad de
establecer limitaciones a los pagos en función del empleo que mantenga cada
explotación. Creemos que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la
actividad agraria que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales y
legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones. Asimismo,
esta organización respalda un nivel mínimo de pagos directos a los pequeños
agricultores en activo y pide que el nivel de pagos acoplados voluntarios sea
lo más flexible y amplio posible, ya que es una de las escasas herramientas que
se mantienen para apoyar a sectores en dificultades.
COAG, junto con la
Coordinadora Europea Vía Campesina, hace un llamamiento a los
27 para que tomen más en cuenta las
realidades del mundo agrícola y revisen su posición, y al Parlamento Europeo
para que no siga el peligroso camino tomado por el Consejo y vote a favor de un
límite significativo a los pagos directos,
requisito previo para un uso justo y legítimo de los fondos públicos.
