Es prioritario que la PAC que entrará en vigor en 2014 no elimine los mecanismos de gestión de mercado.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha reclamado en
Bruselas que la nueva Política Agrícola Común (PAC) refuerce y
actualice los sistemas de regulación de mercado que ya existen para
afrontar situaciones de crisis de precios. En concreto, ha incidido en
la necesidad de vincular estos mecanismos, entre los que se encuentra
el almacenamiento privado del aceite, a los costes reales de producción.
Aguilera ha justificado su petición en que uno de los déficits de la
PAC actual es que los precios de referencia para la activación de estas
herramientas de gestión no están actualizados, por lo que nunca pueden
dar una respuesta eficaz a una pérdida de renta de los productores, ha
explicado la consejera durante la entrevista que ha mantenido con
George Haussler, jefe de gabinete del comisario europeo de Agricultura
Dacian Ciolos.
Del mismo modo, la consejera de Agricultura ha explicado que para el
Gobierno andaluz es prioritario que la PAC que entrará en vigor en 2014
no elimine los mecanismos de gestión de mercado, ya que son
herramientas capaces de evitar la inflación derivada de precios de
alimentos excesivamente altos y de eludir la especulación que ha
surgido en el mercado mundial de materias primas.
Aguilera ha entregado a las autoridades comunitarias un amplio
informe en el que además se recoge la necesidad de ampliar el
almacenamiento privado a nuevos productos, así como complementar los
mecanismos de gestión ya existentes con otros nuevos, como la creación
de reservas estratégicas nacionales que supongan retirar del mercado
una parte de la producción en situaciones de crisis grave.
En cuanto a la financiación de las herramientas para afrontar las
situaciones de crisis, la titular de Agricultura ha insistido en que
deben ser sufragadas con fondos comunitarios al 100% (actualmente son
cofinanciadas) y que, en ningún caso, deben afectar a la cantidad que
percibe un agricultor a través de las ayudas directas.
Asimismo, la consejera ha aprovechado esta reunión para presentar un
informe completo sobre los efectos que tendría la aplicación de la tasa
plana en Andalucía, en el que se destaca que el establecimiento de una
tasa por igual para todos los cultivos tendría consecuencias negativas
para la región, aparte de ir contra las prioridades que defiende el
Gobierno andaluz para la reforma de la PAC. Aguilera ha explicado que
Andalucía se opone a un sistema que suponga pagar lo mismo a todos los
cultivos y defiende, en su lugar, que se tengan en cuenta las
características específicas de cada uno de ellos.
Reequilibrar la cadena alimentaria
Junto con las propuestas para estabilizar la parte de la renta
agraria que depende de las ayudas comunitarias, el informe andaluz
también recoge otra serie de medidas dirigidas a equilibrar los
ingresos que provienen del mercado, y que en Andalucía pueden llegar a
representar entre el 60% y el 80% de la renta agraria total, según
cultivos. Así, Aguilera ha explicado en Bruselas que es necesario
garantizar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria con una
serie de estrategias que además tendrían coste cero para la PAC.
Definir un marco reglamentario que fomente las buenas prácticas
comerciales y prohíba las prácticas abusivas (descuentos, plazos de
pago, venta a pérdidas) o crear un marco legislativo comunitario que
contemple la comercialización a través de la venta directa, la venta en
canales cortos y la transformación artesanal son algunas de las
propuestas que en este sentido recoge el documento andaluz.
Por último, también se ha relacionado la proliferación de normas
privadas de calidad con el incremento de poder dentro del mercado de la
distribución en perjuicio de los productores. Mantener un sistema
europeo de normas de comercialización es la propuesta que el Gobierno
andaluz lanza a las autoridades comunitarias para que la nueva PAC
contribuya a mejorar la capacidad de negociación de los productores
frente a la gran distribución.
En cuanto a los acuerdos comerciales con países terceros, Aguilera
ha vuelto a recordar en Bruselas que es necesario exigir reciprocidad,
de forma que los productos importados estén sometidos a exigencias
equivalentes a las comunitarias en materia medioambiental, social, de
calidad y de seguridad alimentaria.