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Más de 200 agricultores de Iznatoraf (Jaén), casi el 90 por ciento de la población activa del pueblo, han recibido notificaciones de apremio de la Diputación que se niegan a abonar y destinadas a pagar una contribución especial para el arreglo de los carriles rurales del municipio.

Los afectados, que entienden que estos arreglos deben sufragarse a través del IBI-Rústica, y no con una contribución especial, están formando una plataforma y se apoyan en dos sentencias que ya han dado la razón a un grupo de olivareros, según ha explicado su portavoz, Martín Rojas.

Las obras a las que se refieren las contribuciones especiales son la de adecuación de la red de caminos rurales de Iznatoraf en dos fases realizadas por la empresa pública Egmasa, cuya imposición y ordenación fue aprobada provisionalmente por un pleno del Ayuntamiento en abril de 2006.

Las dos sentencias citadas son del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de diciembre de 2009, y del Contencioso Administrativo de Jaén, en octubre de 2007, interpuestas por una docena de agricultores con tierras en Ifnatoraf, a los que se les solicitaban pagos que iban de entre los 605 a 10.444 euros, contra el silencio administrativo del Ayuntamiento a sus recursos.

Los servicios jurídicos de Asaja han llevado a los tribunales casos contra contribuciones especiales en otras localidades jiennenses como Cazorla.

El problema subyace, según los abogados, en que los ayuntamientos se acogen a subvenciones de la Junta para arreglos de caminos, que les sufragan entre el 60 y el 50 por cien del coste, y el dinero restante se lo cargan en un 90 por ciento a los agricultores, cuando en realidad se tratan de obras que van en beneficio de todo el pueblo.