ASAJA-Andalucía hará convocatorias simultáneas en las ocho provincias como acto reivindicativo.
La preocupación y el
malestar son las notas dominantes en el día a día de agricultores y ganaderos
andaluces, que no saben si mañana van a poder seguir haciendo frente a sus
facturas. El precio del gasóleo se ha incrementado en un 30% en un año,
alcanzando a principios de enero los 0,90 euros por litro, su máximo histórico,
las tarifas eléctricas de riego se elevan un 110%, los piensos suben un 40% y
mientras las principales producciones agrarias de Andalucía vuelven a venderse
a los precios a los que cotizaban hace 20 años, lo que deja en pérdidas a la
mayor parte de las explotaciones. Por todos estos motivos, la Asamblea General
de ASAJA-Andalucía celebrada hoy en Jerez, ha decidido por unanimidad retomar
las movilizaciones y realizar actos simultáneos en las ocho provincias el
próximo 10 de marzo.
La situación es
insostenible. Los agricultores andaluces están entre la espada y la pared, el
elevado coste de los insumos –gasóleo, fertilizantes, fitosanitarios, energía
eléctrica, piensos...- y el bajo precio de venta de sus producciones ha
provocado el cierre de 20.000 explotaciones en los últimos tres años y coloca
al borde del precipicio a los agricultores y ganaderos que aún siguen en la
brecha.
Pese a que tras las masivas
protestas promovidas por ASAJA en 2009 y 2010 los presidentes Zapatero y Griñán
se comprometieron a elaborar sendos planes de choque para evitar el cierre de
más explotaciones y aliviar la situación de los sectores en pérdidas, ambos se
han limitado a poner en marcha algunas medidas cosméticas de cara a la galería,
como la escuela de pastores, en el caso de Griñán, o los planes de promoción al
consumo de algunos productos, en el caso de Zapatero, pero las medidas de mayor
calado han quedado relegadas al fondo del cajón.
Entre estas medidas de
mayor calado que permitirían el mantenimiento de la actividad agraria está la
implantación definitiva del gasóleo profesional, que estaba previsto que entrará
en vigor en 2009; el abaratamiento de las tarifas eléctricas al regadío,
promesa de Zapatero tras la reunión con las OPAs en diciembre de 2009, el
incremento del IVA repercutido de los ganaderos para equipararlo al de los
agricultores, la elaboración de planes de apoyo consistentes para sectores en
pérdidas (aceite de oliva, aceituna de mesa y ganadería) y la aprobación de una
legislación que evite el abuso de la posición dominante, entre otras.
Entre los temas de máxima
preocupación de los agricultores andaluces está el futuro sobre la reforma de
la PAC, un asunto que en estos momentos se debate en Bruselas y en el que tal y
como ha afirmado el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, Andalucía se
juega su futuro, pues debido a sus especificidades y a la variedad de cultivos
con los que cuenta es la región que más ayudas recibe, por lo que si no somos
beligerantes y logramos que la Comisión Europea establezca criterios de
diferenciación claros, nuestra región puede perder casi 1.000 millones anuales.
En este asunto, tal como ha puesto hoy de manifiesto Serra, el Gobierno de
España y el Ejecutivo andaluz no pueden seguir mareando la perdiz. Ni la economía,
ni el campo andaluz pueden permitirse el lujo de prescindir del 50% de las
ayudas agrarias que ahora recibe Andalucía, puesto que supondría dar la puntilla
definitiva al sector agrario, que es el que sostiene el tejido económico y
empresarial en el mundo rural andaluz.
Entre los asuntos que más
preocupan a los agricultores andaluces está la renovación del acuerdo comercial
con Marruecos y la apertura de negociaciones con Mercosur, cuyas producciones
suponen una competencia desleal con las de los agricultores andaluces, que
están sujetos a unos condiciones sociales y medioambientales mucho más
estrictas. ASAJA-Andalucía se opone a que se utilice la agricultura como moneda
de cambio y ha exigido que se frene la negociación del acuerdo con Marruecos
mientras siga incumpliéndose el actual, y asimismo ha pedido que en las
negociaciones con Mercosur o con cualquier otro bloque de países se estudie
primero el impacto sobre el sector agrario y se exija a las producciones de
estos países los mismos requisitos que se nos exigen a los europeos.
