Ha participado en una jornada sobre la problemática técnico-jurídica de la gestión del agua en Andalucía, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Andalucía.
La
presidenta de la Asociación
de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Margarita Bustamante, ha
participado en la Jornada
sobre la Problemática
Técnico-Jurídica de la gestión del agua en Andalucía
organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de
Andalucía. En una mesa redonda sobre las oportunidades y amenazas a las que se
enfrenta la gestión del agua en Andalucía, la presidenta de los regantes
andaluces ha identificado dos claras amenazas en el momento actual: la primera,
la aprobación del Decreto-Ley 5/2010, de reordenación del sector público; la
segunda, la aprobación de la Ley
de Aguas andaluza. Según ha expuesto Bustamante, la conjunción de ambos hechos
puede tener fatales consecuencias para el regadío, pues la reordenación del
sector público deja la gestión del agua en manos de los políticos y sus
enchufados, quitando de en medio a las funcionarios con capacidad técnica y
legal para ocuparse de los asuntos del agua. Esa circunstancia, que es negativa
en sí misma, se vuelve letal en un escenario normativo, el que crea la nueva Ley
andaluza del Agua, en el que existe una indefinición y una ambigüedad calculada
sobre los impuestos y sobre la participación de los usuarios en la gestión del
agua.
Nos
encontramos por un lado con una norma que no aclara cuáles van a ser los
instrumentos de participación social a través de los cuales podrán intervenir
en el futuro en la política hidráulica los usuarios, y que deja muchos
impuestos en el aire, al arbitrio de lo que diga el administrador. Y por otro
lado, nos encontramos con otro decreto que va a dejar la interpretación de todo
eso en manos de ‘personas de confianza’ puestas a dedo por lo responsables
políticos, no en manos de funcionarios inmunes a los cambios políticos y que
sólo se deben a su carrera y su responsabilidad pública, ha explicado
Margarita Bustamante, para quien la suma de un factor y otro va a tener tres
resultados evidentes: el primero, una gestión del agua basada en el ordeno y
mando, tan permeable a los intereses políticos como cerrada a la opinión de los
usuarios; el segundo, una política impositiva abusiva, basada en el afán
recaudatorio de la administración, como ya se está viendo con la incorporación
del IBI de los embalses y los nuevos cánones de 2011; y el tercero, la guerra
del agua entre territorios por culpa de una organización de la administración
hidráulica que antepone los intereses provinciales a los intereses de la Cuenca, de forma contraria
al principio de la Unidad
de Cuenca, consagrado por la propia Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Asimismo,
Feragua no ha recibido respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a la cuestión
planteada por su presidenta Margarita Bustamante en el Consejo del Agua de
Andalucía celebrado el 28 de julio pasado, de cuantificación del ahorro de
costes para los usuarios que supondrá los cambios aprobados en la Administración del
Agua de Andalucía, lo que hace sospechar a los regantes de Andalucía que los
nuevos cambios diseñados, mas allá de los loables objetivos de racionalizar el
gasto público y buscar la eficiencia en los servicios que la administración
presta a los ciudadanos, esconden un aumento de la presión tributaria sobre el
regadío, a través del nuevo impuesto creado por la Ley de Aguas para repercutir
todos los gastos de la administración del agua.
Frente
a ese escenario terrible que se presenta para el regadío, para todos los
usuarios y para el propio ciudadano, Feragua exige el
diseño de una administración del agua respetuosa con los principios de unidad
de cuenca y de participación de los usuarios. Y una administración profesional
e independiente, en la que las competencias del agua sean ejercidas por
empleados públicos con conocimiento y experiencia necesarios, que hayan
accedido a su puesto de acuerdo con los principios de mérito, capacidad,
igualdad y publicidad. Además, demanda la urgente incorporación del Principio
de Unidad de Cuenca a la gestión del agua en Andalucía, y la adaptación de la
estructura de la administración hidráulica andaluza a este principio. Un
principio –ha señalado Margarita Bustamante, que, entre otros muchos
beneficios, ha posibilitado por ejemplo que la demanda hídrica de la comarca de
Puertollano en Castilla-La Mancha tenga su origen en Andalucía, o que gran
parte de los recursos hídricos del abastecimiento urbano de Sevilla procedan de
la provincia vecina de Huelva, o que los recursos del regadío de la regulación
general del Guadalquivir procedan del territorio de Castilla-La Mancha y de las
provincias andaluzas del Alto y Medio Guadalquivir, garantizando el
cumplimiento de los principios fundamentales de solidaridad y cohesión
territorial de nuestra Constitución.
Para
hacer públicas estas reivindicaciones, Feragua promovió antes del verano un Manifiesto por la Unidad de Cuenca, la Racionalidad
Administrativa y la Austeridad en la Gestión del Agua en
Andalucía, al que se adhirieron el Foro del Agua, el Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles, Fenacore, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Andalucía, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, el Colegio
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería. Y más recientemente, el pasado
mes de octubre, junto con los Colegios de Ingenieros Agrónomos, de Caminos,
Canales y Puertos y de Minas de Andalucía y los empleados públicos de la Junta de Andalucía, promovió
el Manifiesto por la Unidad
de Cuenca y por la Eficiencia
y Especialización en la Gestión Pública
del Agua, sin que hasta ahora sus demandas hayan encontrado eco alguno en la
administración andaluza.
