Este ejercicio se ha caracterizado, además, por los fuertes desequilibrios en la cadena agroalimentaria.
El Plan de Choque para combatir la crisis de un sector agobiado por los
bajos precios en sectores como el lácteo o el aceite, el impulso del
debate que garantiza el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y el
nombramiento de Rosa Aguilar como nueva ministra del ramo han sido
asuntos claves del 2010.
Este ejercicio se ha caracterizado,
además, por los fuertes desequilibrios en la cadena agroalimentaria, el
auge de la marca blanca, la caída de los precios de leche, aceite, vino
o porcino, y la volatilidad de "commodities" en los mercados
internacionales.
España concentró en 2010 todas las miradas
durante su Presidencia de turno de la Unión Europea, que se saldó con
un documento trascendental auspiciado por la entonces ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en el que se reconocía
el valor estratégico de la agricultura y despejaba incertidumbres sobre
la continuidad de la PAC.
El elevado paro en el campo -el mayor
desde que se tienen registros- ha evidenciado los graves problemas para
el sector, sobrepasado por el parón de la actividad y la llegada de
activos desplazados de los servicios y la construcción, si bien la
actividad y el empleo en la industria agroalimentaria ha resistido
mejor el impacto de la crisis económica.
Los intentos de
mejorar el equilibrio de fuerzas entre todos los actores de la cadena
de valor han chocado este año con las normativas de Defensa de la
Competencia, cuya Comisión Nacional llegó a imponer multas
multimillonarias a varias organizaciones interprofesionales por sus
decisiones o, incluso, sus opiniones.
El debate político, por
su parte, se ha centrado en buena parte en el Plan de Choque
comprometido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a finales de 2009.
Este plan ha permitido inyectar
una liquidez de 2.400 millones de euros en el sector agrario, pero ha
revelado los diferencias entre el Gobierno, los partidos políticos y
las organizaciones agrarias.
El Ejecutivo creó en 2010 seis
mesas de trabajo con el objetivo de desarrollar dicho Plan, relativas a
financiación, fiscalidad, biocombustibles, competencia, futuro de la
Política Agraria Común y concentración cooperativa.
Por su
parte, las organizaciones agrarias han exigido muchas más medidas de
las que el Gobierno ofrecía: impuesto reducido para insumos agrícolas y
tarifas eléctricas para riego, reducción de módulos de IRPF y alza del
IVA compensatorio en ganadería, entre otras.
Junto al Plan de
Choque, las mesas de concertación avanzaron medidas como los contratos
homologados obligatorios para el lácteo.
El Consejo de
Ministros también aprobó este año el Reglamento para el desarrollo de
la Ley de 2009 sobre creación de órganos consultivos del Estado en el
ámbito agroalimentario, que establece los criterios para medir el nivel
de representación en el campo.
Establece la composición y
funciones del Consejo Agroalimentario del Estado y del Comité Asesor
Agrario, que respaldaba a las organizaciones clásicas -Asaja, COAG, UPA
y Cooperativas- y frenaba las aspiraciones de La Unión para entrar en
las mesas de interlocución de ámbito nacional.
En el último
trimestre del año, el nombramiento de Rosa Aguilar para suceder a Elena
Espinosa copó los titulares agroalimentarios y fue interpretado, en
gran medida, como un "guiño" de Rodríguez Zapatero a la izquierda y a
los ecologistas.
Aguilar llegó al cargo catapultada por una
buena imagen política y pública, con el compromiso de "pintar de verde"
el MARM y con una apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos
generales en asuntos "de Estado", como las políticas de agua, desde la
"la lealtad" institucional.
Ha retomado con las organizaciones
del sector una amplia agenda de reuniones para establecer hojas de ruta
con prioridades para lo que queda de legislatura, como el
posicionamiento de España sobre las reformas agraria y pesquera (PAC y
PPC), y para cerrar medidas pendientes, como los contratos lácteos.
En el plano internacional, la apuesta comunitaria por la liberalización
del comercio se materializó en el impulso a las negociaciones sobre el
futuro acuerdo con Mercosur y en la ratificación entre la UE y
Marruecos del nuevo tratado agrícola que tendrá, en opinión del sector,
duros efectos para el campo en próximos años.
