El presidente y Aguilar firman un protocolo para aplicar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible que beneficiará a 311 municipios andaluces.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha asegurado que el
Gobierno andaluz "quiere defender con firmeza los intereses de
Andalucía en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC)".
Para ello, entiende fundamental "forjar una posición autonómica común
que fortalezca la posición de España en el debate que ahora se inicia".
Tras
una reunión en el Palacio de San Telmo con la titular del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, Griñán ha
defendido que las regiones de Europa "deben tener más influencia en el
reparto de ayudas de la nueva PAC", para lo que el Gobierno andaluz se
va a aplicar "con determinación" y trabajando "desde la lealtad" con el
Ministerio de Agricultura.
En opinión del presidente, la
comunicación que sobre esta reforma emitió la Comisión Europea el 18 de
noviembre plantea una serie de debilidades para Andalucía entre las que
ha destacado que no define cuál va a ser el nuevo modelo para el
reparto de ayudas ni aclara qué papel desempeñarán las diferentes
administraciones en éste. Asimismo, pese a que la propuesta de Bruselas
admite la difícil situación que padecen los agricultores debido a la
volatilidad de los precios y a la pérdida de renta, "no reconoce los
mecanismos de intervención necesarios para equilibrar la cadena
comercial", ha lamentado.
A ello hay que sumar que, a juicio de
Griñán, "es necesario un periodo transitorio para la aplicación de
nuevas medidas, debido al número de Estados miembros que actualmente
tiene la UE, ya que esta es la primera reforma destinada a 27 países",
ha advertido. "En definitiva, el documento de la Comisión analiza bien
los problemas, pero todavía no entra en las soluciones, aunque estamos
en el principio de un buen debate", ha puntualizado.
Por su
parte, Aguilar ha aseverado que en relación a la PAC, el Ministerio
trabajará de forma conjunta con Andalucía con un objetivo: "establecer
una estrategia común, compartida, donde la comunidad se sienta
reconocida y cobre fortaleza la posición activa de España".
Al
margen de la Política Agraria Común, el presidente ha explicado que
durante la reunión con la ministra se han tratado otros temas como el
traspaso de la competencia de los chiringuitos o el deslinde de la
franja litoral de Doñana. En relación al primero, ha adelantado que "en
breve habrá buenas noticias para nuestros hosteleros de playa" y sobre
el segundo, ha expresado su confianza en que en un periodo transitorio,
que espera que sea breve, "se obtengan soluciones que, a lo mejor,
puedan impedir que se presente el recurso", que estudia la Junta.
290 millones de inversión
El
presidente del Ejecutivo autonómico y la titular del Ministerio de
Medio Ambiente han suscrito también un protocolo que establece las
líneas de cooperación y sienta las bases para la aplicación del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-2014, en el marco
de la Ley estatal 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En
el caso de Andalucía, la aplicación de este programa se desarrollará en
la práctica en el período 2011-2015 a través de los denominados planes
de zona.
La ejecución de esta iniciativa cuenta con una
previsión presupuestaria total de 293,2 millones de euros
correspondientes a los 289,8 millones financiados a partes iguales por
la Junta y el Ministerio, a los que se suman otros 3,6 millones de
euros correspondientes a infraestructuras de interés general con cargo
a la Administración General del Estado.
Según ha desgranado el
presidente de la Junta, la aplicación del mencionada programa en la
comunidad se llevará a cabo en once zonas rurales ya delimitadas por el
Gobierno regional mediante criterios estadísticos y objetivos, que
engloban a 311 municipios de todas las provincias de la comunidad donde
reside una población superior a los 716.000 habitantes.
