Los regantes andaluces, los Colegios de Ingenieros y los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua se unen para exigir la revocación los artículos del Decreto-ley 5/2010 que extinguen la Agencia Andaluza del Agua y atribuyen parte de sus competencias a una macro agencia pública empresarial.
Los 50.000 regantes representados en Feragua, los 3.400 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, los 1.900 Ingenieros Agrónomos y los cerca de 300 Ingenieros de Minas adscritos a sus respectivos colegios profesionales, además de los 1.700 empleados públicos agrupados en torno a la Plataforma Agua Pública, han unido hoy su voz para exigir al Gobierno andaluz una administración hidráulica especializada, eficiente y respetuosa con el principio de unidad de cuenca, y, en consecuencia, han manifestado su no rotundo al proyecto de reordenación del sector público y a los cambios en la administración hidráulica planteados por el Gobierno andaluz, los cuales, suponen entre otras consecuencias, la extinción de la Agencia Andaluza del Agua y la entrega de parte de sus competencias a una nueva Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua.
A través de un Manifiesto por la Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua, estos colectivos, interesados todos ellos en la gestión del agua en Andalucía, han demandado la anulación de los artículos del Decreto-Ley 5/2010 que liquidan la Agencia Andaluza del Agua y atribuyen parte de sus competencias a una macro agencia pública empresarial. Y en su lugar, han planteado que se diseñe una administración hidráulica especializada, que concentre todas las atribuciones sobre el agua, respetuosa con la unidad de cuenca, que favorezca la participación de los usuarios y en la que las competencias sean ejercidas por empleados públicos que hayan accedido a su puesto de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.
En la presentación de este Manifiesto han estado la Presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Feragua, Margarita Bustamante, el Portavoz de la Plataforma Agua Pública, Ángel Molina, el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José Abraham Carrascosa, el Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo, y Miguel Martín, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, quienes han explicado las motivaciones de cada colectivo para participar en este pronunciamiento conjunto.
Así, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha explicado que la liquidación de la Agencia Pública de Agua y su integración dentro de una macroagencia compartida con la antigua Egmasa, es una mala noticia para el regadío andaluz, que rompe uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, pues diluye las competencias sobre el agua dentro de las genéricas sobre medio ambiente, que propiciará los conflictos de intereses entre territorios, al lesionar aún más el principio de unidad de cuenca, que alejará de la gestión del agua a los profesionales más capacitados técnicamente, en beneficio de los contratados a dedo, y que favorecerá la politización del agua, restando participación a los usuarios en el control y toma de decisiones de la administración hidráulica. Asimismo, ha manifestado su temor de que estos cambios no sólo no supongan ahorro alguno, sino una duplicación de estructuras y un incremento de costes, del cual se deriven nuevos impuestos y un afán recaudatorio desmedido por parte de la administración. Finalmente, Bustamante ha criticado que la concepción y ejecución de todos estos cambios se haya realizado a espaldas de empleados públicos y usuarios, es decir, a escondidas de todos los técnicos y expertos profesionales cualificados que saben de la gestión del agua y que se han ocupado de ella durante años.
El Portavoz de la Plataforma Agua Pública, Ángel Molina, ha recalcado que el Decreto Decreto-Ley 5/2010 y el Acuerdo de reordenación del sector público andaluz deja en manos privados el patrimonio de todos los andaluces, y no sólo lesiona los derechos de los empleados públicos, sino que perjudica el servicio público que se presta a la ciudadanía. En este sentido, ha apuntado que la atribución de las competencias del agua a la nueva empresa pública construida sobre los rescoldos de la antigua Egmasa significa la entrega de las funciones de los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua a trabajadores no habilitados legalmente para ejercerla y que no han accedido a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, lo que supone la lapidación de un activo de experiencia, conocimiento, especialización y profesionalidad depurada y acreditada durante años.
Por su parte, el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José Abraham Carrascosa, ha justificado la adhesión de su Corporación al Manifiesto por tres motivos fundamentales. En primer lugar, por entender que la extinción de la Agencia Andaluza del Agua supondrá un paso más en la ruptura de la unidad de cuenca y la unidad de gestión de los ríos Andaluces. En segundo lugar, porque es necesario defender una gestión de las cuencas e infraestructuras hidráulicas, especialmente de los embalses, bajo el más estricto respeto a la independencia técnica y al ejercicio de las potestades administrativas, algo que sólo se puede asegurar si toda la estructura está compuesta por personal independiente de los vaivenes políticos, esto es, funcionarios y laborales que accedieron a sus puestos mediante oposiciones. Y en tercer lugar, por entender que los funcionarios al frente de la gestión del agua, además de independientes, deben ser especialistas, y que el planteamiento de otra estructura en la gestión de los ríos, es una postura temeraria.
El Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo, mientras tanto, ha señalado que la mejor forma de gestionar un recurso natural como es el agua es considerando sus fronteras naturales, es decir, la cuenca hidrográfica y que la compartimentación de la gestión en otras fronteras administrativas y/o políticas es contraria a este principio de unidad de gestión de cuenca. Asimismo, ha insistido en que el agua, por su entidad e importancia para el desarrollo socioeconómico de Andalucía, exige una organización especializada en la gestión eficiente del recurso con profesionales formados y capacitados para ejercerla, siendo la experiencia un valor a considerar, no teniendo seguridad que en las empresas públicas se pueda encontrar hoy dicho conocimiento y experiencia.
Finalmente, Miguel Martín Machuca, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, afirmó que la eficiencia en la gestión de las aguas se consigue con una organización administrativa especializada y multidisciplinar, para lo que son necesarios profesionales capacitados y experimentados en la gestión de las aguas públicas. Por último, resaltó que el principio de Unidad de Gestión de la Cuenca se ha demostrado como el más adecuado a nivel internacional para la gestión de los recursos hídricos, siendo un principio fundamental que exige la propia Directiva Marco de Aguas.
Los representantes de las entidades adheridas al Manifiesto por la Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua manifestaron su esperanza de que este pronunciamiento inequívoco de la sociedad civil sirva para propiciar una rectificación del modelo de administración hidráulica que está planteando el Gobierno andaluz.
