AESA determinará primero si el cultivo entraña riesgos para la salud o el medio ambiente y a continuación los países podrán decidir libremente vetar la plantación.
Los ministros europeos de Medio
Ambiente se opusieron a la propuesta de la Comisión Europea de
dejar a los gobiernos nacionales la decisión de permitir o vetar el
cultivo de transgénicos y pidieron a Bruselas a seguir trabajando
para mejorar la medida.
España, Francia, Alemania e Italia fueron los países que más
claramente se pronunciaron en contra de la idea del Ejecutivo
comunitario de reforzar el poder de decisión de los estados
miembros.
"El procedimiento actual de autorización de OGM (organismos
genéticamente modificados) es lento y poco efectivo", comentó la
ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en el debate
público que celebraron sobre la cuestión los titulares europeos en
Luxemburgo.
"La propuesta de la CE sigue sin ser una garantía de que los
procesos se vayan a agilizar", aseguró Espinosa, quien también
señaló que sólo ofrece soluciones a posterior, una vez que la
Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) ya haya
autorizado el producto.
Según la sugerencia de la Comisión, la AESA determinará primero
si el cultivo entraña riesgos para la salud o el medio ambiente y a
continuación los países podrán decidir libremente vetar la
plantación del transgénico por motivos distintos que aún no han sido
precisados.
Espinosa entiende que este planteamiento implica una
contradicción porque en la práctica se traduciría en la oposición de
un país a un OGM que ya ha sido autorizado a escala comunitaria, lo
que plantearía un conflicto directo con la propia AESA y con las
reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Francia también se opone radicalmente a la propuesta de la CE al
considerar que no garantiza el refuerzo de los sistemas de
evaluación medioambiental y sanitaria y que solo debilita el sistema
actual.
"Nos faltan garantías sobre las pruebas realizadas", sostuvo
durante el debate la secretaria de Estado de Ecología francesa,
Chantal Jouanno, quien también reclamó que Bruselas lleve a cabo un
estudio sobre el impacto socioeconómico de los OGM, una petición que
ya se formuló en 2008 y aún no ha tenido respuesta.
Alemania, por su parte, calificó de "sorprendente" la propuesta
de la CE y consideró que "no tiene una base jurídica sólida" y que,
al dar más poder a los gobiernos nacionales para decidir, debilita
el mercado interior europeo, según indicó su ministro de Medio
Ambiente, Norbert Röttgen.
Un grupo de países, liderado por Austria y en el que también se
encuentran Finlandia, Holanda y Bulgaria, se mostraron más positivos
respecto a la propuesta de la CE y consideraron que es "un paso en
la buena dirección".
No obstante, prácticamente todas las delegaciones consideraron
que se necesita seguir trabajando y, entre otras cosas, definir los
criterios para vetar el cultivo de OGM.
Los ministros manifestaron asimismo sus reservas con respecto a
la compatibilidad de la medida con las normas comunitarias y dijeron
que prefieren esperar a conocer la evaluación del servicio jurídico
del Consejo al respecto, que se presentará el próximo 21 de octubre.
El comisario de Sanidad, John Dalli, se mostró positivo a pesar
de las críticas y aseguró que ve "un cambio de actitud" con respecto
a los ministros de Agricultura que se pronunciaron en contra de la
medida a finales de septiembre.
"Esta no es la propuesta definitiva", tranquilizó el comisario y
anunció que a finales de año se presentarán mejoras al texto y que,
también el próximo 21 de octubre, facilitará criterios para vetar el
cultivo de OGM a modo de orientación para los países.
En paralelo, Greenpeace se sumó mediante un comunicado a la
queja francesa de que la propuesta de la CE no cubre las lagunas
existentes en materia de evaluación de seguridad de OGM y animó a
los Veintisiete a que sigan oponiéndose al nuevo planteamiento
mientras que no se resuelvan estas cuestiones.