El texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de la Calidad
Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre
esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y
estatal. El texto establece medidas para potenciar la competitividad de
las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que
actualmente suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos
en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los
consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la
cadena alimentaria.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, manifestó tras
el Consejo de Gobierno, además de completar el marco legislativo en el
ámbito de la calidad agroalimentaria y pesquera, la nueva norma
reforzará la competitividad de esta industria, mejorará la
identificación del origen de los alimentos -a través de la
trazabilidad- y su diferenciación a través de la denominación de origen.
El proyecto normativo plantea el fomento de la calidad como
estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que
actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior
andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más
globalizados y exigentes. De este modo, se regulan especialmente los
requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus
organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo
a las producciones diferenciadas.
A grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques
principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y
sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen
como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.
El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se
dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un
mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores
y una garantía de transparencia en la información que demandan los
consumidores. Para ello, la ley fija sistemas de control que se
encomiendan tanto a los operadores (productores industriales,
transformadores y comercializadores) como a la Administración.
En el caso de los operadores, el sistema debe tener en cuenta la
trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que
llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las
informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de
mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.
Por su parte, los controles oficiales de la Administración se
centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la
verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento
de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada.
El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación,
la distribución y los puntos de venta.
Además de someterse a estos dos tipos de controles, los productos
agroalimentarios deben contar con certificados de calidad comercial
emitidos por organismos independientes. En este aspecto, la principal
novedad que introduce el proyecto de ley es la exigencia de normas
internacionales, principalmente la europea EN 45011, frente a las
nacionales que se utilizan actualmente.
Calidad diferenciada
En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua
las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones
comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de
Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la
Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua
Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada
(ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se
suman las marcas de titularidad pública, como la de ‘Calidad
Certificada' que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.
En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras
estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a
configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad
jurídica propia.
Con ello se otorga mayor relevancia a los productores y elaboradores
en la autorregulación del sector, frente a la actual dependencia
respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca. Este departamento se
reserva, no obstante, las funciones de tutela sobre los órganos
gestores.
Estas novedades supondrán, entre otros cambios, la adaptación a la
nueva norma de las actuales denominaciones vínicas recogidas en la Ley
de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.
En la vertiente del fomento y la promoción de la calidad
diferenciada, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno
establece que la financiación de las campañas se vinculará
especialmente a aspectos como la inclusión de los productos en la dieta
mediterránea o la adecuada información sobre sus propiedades y
características relativas a la nutrición saludable.
Finalmente, el texto incluye una serie de disposiciones que suponen
el primer paso para el reconocimiento y la posterior regulación
específica de las producciones de calidad diferenciada de la artesanía
alimentaria andaluza. En este sentido, Clara Aguilera incidió en que el
texto legal permitirá dar los "primeros pasos" para regular en la
comunidad la artesanía alimentaria.
La agroindustria andaluza
El sector agroalimentario constituye la principal actividad
industrial de Andalucía, con una facturación anual superior a 14.000
millones de euros, más de 5.000 empresas y alrededor de 52.000 personas
empleadas. Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del
comercio exterior de la comunidad autónoma, con unos 3.000 millones de
euros anuales de saldo positivo.
Estrechamente ligada a la actividad agropecuaria y pesquera, la
industria agroalimentaria acapara el 19,3% del empleo y el 25,1% de
valor añadido del sector industrial en la comunidad autónoma. Aceites,
frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus
principales productos.
Por su parte, el sector pesquero agrupa a más de 1.800 empresas y
emplea a unas 10.600 personas. Sus capturas anuales se cifran
actualmente en más de 70.000 toneladas y un valor de 252 millones de
euros.
Dentro de este sector, una actividad en alza es la acuicultura, con
explotaciones de alto nivel tecnológico centradas en la cría de doradas
y lubinas y cuya producción supera ya las 6.000 toneladas. Este
aprovechamiento se está diversificando con proyectos como el cultivo de
mejillones, lisas, almejas, corvinas, ostiones y otras especies.
Las producciones andaluzas de calidad de ambos sectores se reparten
entre 28 Denominaciones de Origen (principalmente de aceite de oliva y
vinos) y 23 Indicaciones Geográficas Protegidas. A ellas se suman los
más de 2.100 productos pertenecientes a 465 empresas que cuentan con el
distintivo Calidad Certificada, así como los de la agricultura
ecológica (866.000 hectáreas de superficie en Andalucía, la primera
comunidad española en este sector) y las producciones integradas (casi
400.000 hectáreas).