La nueva normativa entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta.
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Aguas de la
comunidad autónoma andaluza, una normativa adaptada a las demandas de
la sociedad actual y a las nuevas competencias asumidas por la Junta de
Andalucía en política hidráulica, tras el traspaso de la gestión de
todas las cuencas que transcurren por su territorio. Por primera vez,
una Ley netamente andaluza abordará las necesidades concretas de las
cuencas mediterráneas, del Guadalate-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y del
Guadalquivir.
La proposición de Ley de Aguas debatida por el
Parlamento entrará en vigor un día después de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El texto es fruto del
consenso al que llegó la sociedad andaluza en el proceso de concreción
del Acuerdo Andaluz por el Agua, donde se fijaron las bases de la nueva
política hidráulica andaluza por parte de todos los agentes sociales
implicados en la gestión del agua.
La Ley de Aguas aprobada
tiene como objetivo básico llevar a cabo un modelo de gestión que
consiga un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos
sus usos, primando el abastecimiento y los caudales ecológicos e
impulsando aquellos que permitan una mayor creación de riqueza, empleo
y cohesión territorial en Andalucía. Pero sobre todo es una Ley que
protege un recurso escaso en consonancia con las exigencias
medioambientales de la Directiva Marco de Agua europea.
En lo
que respecta a su articulado, la Ley de Aguas regula una planificación
hidrológica en la que priman los criterios de sostenibilidad,
generación de riqueza y empleo y ordenación territorial, más allá de la
mera concepción del agua como un recurso económico y dándole un sentido
unitario a las distintas necesidades hídricas del territorio.
La
principal novedad que la normativa llevará a cabo en este aspecto será
la flexibilización del régimen concesional, con la equiparación de las
actividades económicas para conseguir dar un impulso a aquellos nuevos
sectores que generen un mayor valor añadido en términos de creación de
riqueza y sean medioambientalmente sostenibles. Los Bancos Públicos del
Agua serán los instrumentos que podrán llevar a cabo esta
flexibilización, atendiendo a nuevas demandas y dando entrada a nuevos
sectores eficientes en el uso del recurso.
Fomento de la participación
La
Ley pone también especial atención a la participación de la sociedad en
la gestión del agua, ya que una gestión eficiente de los recursos
hídricos de los que dispone cada cuenca hidrográfica no puede ser
responsabilidad única de la Administración competente, sino que es
necesario contar con la colaboración de la ciudadanía, usuarios e
interesados. El papel activo de los ciudadanos en la gestión hídrica no
se entiende sin la información, por ello, la Ley incide en la necesidad
de la transparencia informativa y la pone en práctica con la creación
del Observatorio Andaluz del Agua. Un órgano que recogerá, analizará y
facilitará a los ciudadanos toda la información necesaria -de forma
clara, completa y veraz- para conseguir la participación activa de
todos los colectivos interesados en la gestión del agua.
Completar el mapa de la depuración
Por
otra parte, la nueva normativa compromete al Gobierno andaluz a iniciar
una serie de medidas que consigan el buen estado ecológico de todas las
masas de agua de Andalucía, como marca la directiva europea, y así
lograr la preservación de todos los ecosistemas de Andalucía. Para
ello, se pondrá en marcha un plan de infraestructuras de depuración,
con el fin de alcanzar que todas las aguas residuales que generan los
núcleos urbanos andaluces se viertan a los ríos en las mejores
condiciones posibles, independientemente de la capacidad de gestión que
tengan los municipios. De ahí que la Ley de Aguas impulse la promoción
de las entidades supramunicipales, como principales actores a la hora
de gestionar el ciclo urbano del agua, manteniendo así la preeminencia
de los municipios.
Además de la depuración, para conseguir este
objetivo la política de aguas desarrollada en la Ley pone en valor la
gestión de los ecosistemas fluviales y su conservación, con medidas que
inciden fundamentalmente en el Dominio Público Hidráulico, fomentando
los deslindes y la recuperación de los niveles de calidad de las aguas.
Aguas superficiales
La
consecución del buen estado de las masas de agua en Andalucía no sólo
se refiere a las superficiales sino que, por primera vez, una Ley de
aguas equipara los recursos hídricos subterráneos a los superficiales,
regulando su gestión e impulsando la creación de comunidades de
usuarios. Además introduce nuevas medidas para controlar la extracción
de agua de los acuíferos, incluidas aquellas captaciones menores de
7.000 metros cúbicos, y poniendo especial interés en las medidas de
protección de aquellos que están en riesgo de sobreexplotación.
Para
llevar a cabo estos objetivos, la nueva legislación autonómica
configura un nuevo régimen económico-financiero, que homogenizará y
armonizará los cánones e impuestos existentes hasta el momento en torno
al agua para que todos los andaluces, vivan donde vivan, paguen
justamente por los servicios públicos del agua recibidos. Un nuevo
régimen económico que cumple el principio de recuperación de costes
impuesto por la Directiva Marco y que incluye los de generalidad,
equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia,
responsabilidad medioambiental y transparencia.
Finalmente, la
Ley de aguas aprobada regula la gestión de situaciones de riesgo como
los periodos de sequía e inundaciones, el régimen sancionador y
disciplinario y los órganos de participación, entre otros aspectos, que
se desarrollarán reglamentariamente.
