En la reunión también se ha abordado el proceso de planificación hidrológica de las cuencas intracomunitarias.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha presentado
ante los miembros del Consejo Andaluz del Agua la ley aprobada el
pasado 22 de julio. La nueva normativa, que entrará en vigor un día
después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, fija las directrices de la nueva política hidráulica y la
gestión de todas las aguas que transcurren por Andalucía. Por primera
vez, un texto normativo netamente andaluz aborda las necesidades
concretas de las cuencas mediterráneas, del Guadalete-Barbate, del
Tinto-Odiel-Piedras y del Guadalquivir.
La normativa recoge los
objetivos que se fijaron en el Acuerdo Andaluz por el Agua, en el que
participaron activamente todos los sectores representados en el Consejo
y entidades territoriales implicadas en la gestión del recurso. Al
igual que en el Acuerdo, el objetivo principal de la Ley es llevar a
cabo un modelo de gestión que consiga un aprovechamiento sostenible del
recurso, garantizando todos sus usos -en el que se prima el
abastecimiento y los caudales ecológicos- e impulsando aquellos que
permitan mayor creación de riqueza, empleo y cohesión territorial en
Andalucía.
Una de las medidas que consiguió un mayor apoyo en el
proceso de Acuerdo por parte de los sectores socioeconómicos fue la
creación del Observatorio Andaluz del Agua, un organismo para promover
la participación de todos los colectivos interesados en la gestión del
agua. Este nuevo órgano recogerá, analizará y facilitará a los
ciudadanos toda la información necesaria sobre la gestión del recurso
-de forma clara, completa y veraz- para que la sociedad pueda
intervenir en la gestión de políticas hídricas con todos los datos
necesarios a su alcance.
El texto presentado a los miembros del
Consejo Andaluz del Agua mantiene las medias ya consensuadas con los
sectores socioeconómicos, como la flexibilización del régimen
concesional, gracias a la creación de los bancos públicos del agua o la
equiparación de las actividades económicas, que conseguirán reactivar
la riqueza y el empleo en Andalucía. Igualmente, se mantiene la puesta
en marcha de un plan de infraestructuras de depuración para conseguir
completar el mapa de depuración de toda Andalucía y el buen estado
ecológico de las masas de agua.
A partir de ahora, la Ley tendrá
que ser desarrollada reglamentariamente con la participación y
colaboración de los sectores implicados y que también están
representados en el Consejo Andaluz del Agua.
Por otra parte,
Díaz Trillo ha explicado a los representantes del Consejo la situación
actual del proceso de planificación hidrológica. Concretamente, ha
destacado las distintas actividades informativas y de participación en
la elaboración de los proyectos de los planes hidrológicos de las
cuencas intracomunitarias (Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y
Mediterránea).
Los proyectos de planes hidrológicos se
encuentran en periodo de consulta pública hasta el próximo 22 de
noviembre y coincidiendo con este periodo se ha dado comienzo a un
programa de actividades de participación. Con las alegaciones
recibidas, junto a las aportaciones y sugerencias que surjan de los
distintos talleres, jornadas, jurados ciudadanos y encuentros de
concertación con sectores económicos, se enriquecerán los documentos
presentados, que se incluirán -tras su aprobación definitiva- en el
Plan Hidrológico Nacional.
Agencia Pública
Finalmente,
Díaz Trillo ha informado al Consejo del Agua de la creación de la
Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un organismo surgido del
proceso de reordenación del sector público promovido por el Ejecutivo
andaluz que facilitará un mejor cumplimiento y desarrollo de las
competencias ambientales garantizando la estabilidad laboral del
conjunto de los trabajadores de Egmasa y de la Agencia del Agua.
El
consejero ha asegurado que el nuevo organismo dotará de mayor seguridad
jurídica a los cometidos que ejerce la Consejería, reforzando el
control y supervisión de todas sus actuaciones. Asimismo, Díaz Trillo
ha manifestado que se trata de una apuesta por un modelo en el que las
competencias sobre aguas se ven fortalecidas al ser integradas en un
departamento (Secretaría de Aguas) dentro de la estructura organizativa
de la Consejería de Medio Ambiente, al tiempo que la nueva Agencia
Pública se constituye como un órgano instrumental de apoyo y de
agilización a la hora de tramitar y poner en marcha las inversiones que
le competen.