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Sesenta y nueve militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el diputado andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IULV-CA), han sido condenados a un mes de multa y a pagar 483 euros por ocupar la asociación de productores Asociafruit para exigir la contratación de trabajadores.

Fuentes del caso han informado de que el juzgado de instrucción 8 de Sevilla ha impuesto a cada procesado un mes de multa con cuota diaria de dos euros, lo que equivale a 60 euros, así como el pago entre todos ellos de los 483 euros en que se tasaron los daños causados al mobiliario y persianas.

La condena es idéntica a la solicitada por el fiscal, que imputó a los jornaleros un delito de ocupación de un lugar público contra la voluntad de su titular, y la juez ha desestimado la petición de Asociafruit, personada como acusación particular, que situó el total de la multa en 1.200 euros para cada jornalero por incluir delitos de ocupación, coacciones y daños.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2008, cuando un centenar de militantes del SAT ocuparon la sede de Asociafruit en la avenida de Málaga de Sevilla para exigir que interviniese en la contratación de hasta 30 trabajadores que fueron despedidos de la finca "La Jarilla" por, supuestamente, estar afiliados o ser simpatizantes de dicho sindicato.

La Policía Nacional desalojó a los ocupantes cuatro horas después, y en ese tiempo fueron retenidos varios trabajadores de Asociafruit.

En el juicio los procesados se acogieron a su derecho a no declarar y Sánchez Gordillo, que habló en nombre de sus compañeros, negó haber cometido ningún delito ya que su actuación fue pacífica y desalojaron el lugar cuando se lo pidió la Policía.

Al término del juicio, dijo a los periodistas que el procesamiento fue sido "un intento de venganza" de la patronal porque previamente había sido condenada, en una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a indemnizar al SAT por no reconocerle representación sindical en la finca sevillana de "La Jarilla".

Asociafruit pidió para cada procesado una multa de 600 euros por una falta de ocupación de un local abierto al público contra la voluntad de su titular, otras dos multas de 200 euros cada una por sendas faltas de coacciones y otros 200 euros por una falta de daños.