La normativa dará un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario, con independencia de su ámbito territorial.
La nueva Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria contribuirá a la unidad de mercado en lo que respecta al control de la calidad y defensa contra el fraude y reforzará además la competitividad y transparencia en el sector.
Así lo ha destacado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en una nota, en la que añade que la normativa dará un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario, con independencia de su ámbito territorial.
La Comisión de Agricultura del Senado aprobaba esta ley, y finalizaba el último trámite parlamentario de esta norma.
Según el Ministerio, la nueva ley facilitará la innovación y el desarrollo de nuevas empresas responsables en España, al tiempo que garantizará a los consumidores que adquieren "productos de calidad".
Ha matizado que se establecen "sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias", para frenar el fraude alimentario.
"Protegerá los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal", ha añadido.
Además del control oficial, la nueva ley incorpora y sistematiza otras formas e instrumentos de control, como la trazabilidad y el autocontrol, tanto de manera individual como el realizado por las asociaciones sectoriales.
De igual forma, está previsto el establecimiento de un sistema de información "para conocer y atajar el fraude alimentario por las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como en las relaciones de España con la Unión Europea (UE) y el resto de Estados miembros".
La ley contiene los procedimientos de control y sancionador a que deben responder los operadores en caso de inspecciones realizadas en sus establecimientos, ha concretado el Ministerio.
"Esto supone otorgarles mayor seguridad jurídica, ya que las empresas serán tratadas de la misma manera en todo el territorio nacional, con lo que se contribuye a la unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y la defensa contra el fraude alimentario", ha valorado en el mismo comunicado.
Con la ley aprobada, el Gobierno quiere "modernizar la normativa alimentaria de calidad" y crear "un marco idóneo" para la mejora de la competitividad de la industria alimentaria española y para "potenciar la confianza en los productos alimenticios en los mercados nacional e internacional, tan necesaria para dar prestigio a la Marca España de un país con una clara vocación exportadora".
