Las organizaciones muestran su preocupación central en que los agricultores no se vean obligados a vender por debajo de sus costes de producción o incluso abandonar la actividad
Organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han coincido en valorar el compromiso de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para aplicar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y luchar contra los abusos. La ministra se ha reunido con representantes de dichas entidades con motivo del primer aniversario de esta ley, que había sido muy demandada por el sector agrario.
En declaraciones a los medios tras el encuentro, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha afirmado que la ley marca "un antes y un después" y ha comprometido su "apoyo total" a esta iniciativa. Ha destacado el papel "fundamental" que tiene que desempeñar la Agencia de Control e Información Alimentaria (AICA), a la que pide que no sólo se centre en aceite o leche, sino también en otros productos alimentarios.
Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Villafranca ha reconocido que la presión de la gran distribución a sus proveedores para mantener bajos precios en los lineales de ciertos alimentos puede tener un impacto sobre la viabilidad de las empresas. Según Villafranca, puede ocurrir que agricultores se vean obligados a vender por debajo de sus costes de producción o incluso abandonar la actividad, y empresas o industrias intermedias alimentarias que también tengan que "echar el cierre".
Por su parte, el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha reconocido el trabajo del Ministerio y el compromiso de García Tejerina por "ser tajante" para luchar contra las irregularidades en la cadena alimentaria. Barato ha defendido que, en 2015, "se ejecuten las medidas sin dilaciones" y que las comunidades autónomas, que tienen algunas competencias transferidas, "también sean tajantes". Ha reclamado que se avance en el Código de buenas prácticas empresariales, porque "beneficiará a quien quiere jugar limpio". Y ha defendido sanciones para los incumplimientos de la ley y que "quien la hace, sepa que la tiene que pagar".
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en valorar el compromiso "firme" del Ministerio para aplicar la ley -y que ésta sirva para regular la cadena alimentaria-, así como las funciones de la AICA, que "está haciendo un buen trabajo".
Blanco espera que la ley traiga "transparencia" y "seguridad jurídica", contrarreste la "posición de dominio" de la gran distribución y acabe con prácticas abusivas, que en su opinión se siguen llevando a cabo, como entregas "a resultas" y sin contrato, el incumplimiento del plazo de pago a proveedores para artículos perecederos, las ventas "a pérdidas" y con los productos "gancho".
Respecto al Código de buenas prácticas comerciales, ha pedido que pueda conseguirse este acuerdo voluntario para finales de febrero y que éste tenga "valentía" para acabar con prácticas desleales. Sobre el papel de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley, ha reclamado que actúen con "rigor" y de forma coordinada porque, a su juicio, algunas de ellas están muy "relajadas".
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha destacado la "voluntad política" de la ministra, al reconocer que "hay un problema real" en la cadena alimentaria. Más aún, ha recordado Ramos, cuando en el sector ha aumentado el paro, según los últimos datos, y cae la renta agraria porque al profesional "no le salen las cuentas", al percibir bajos precios por frutas, vino, cereales y otros muchos sectores. Ha defendido la contractualización en las relaciones comerciales -modelo que para Ramos debería ampliarse del lácteo a otros sectores- y que se persiga la venta a pérdidas y "a resultas", así como los incumplimientos en el plazo de pago para los productos frescos.
La ministra ha asegurado en los medios, tras la reunión, que "probablemente, en este 2015 veremos nuevas sanciones" de la AICA a operadores que hayan incurrido en prácticas prohibidas por la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. "A quien no cumpla la ley no le saldrá gratis", ha afirmado.
