El nuevo texto intensificará el control y las inspecciones, así como las obligaciones de informar sobre las capturas, entre otras medidas.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Pesca Marítima, que refuerza las medidas y las sanciones para combatir la pesca ilegal y además, trata de potenciar el "turismo marinero" vinculado a este oficio.
La comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha respaldado la reforma legislativa presentada por el Gobierno, con el fin de actualizar las normas de acuerdo con las leyes internacionales, y elevar las multas contra operadores ilegales.
El proyecto ha sido respaldado por el PP, con los votos en contra de CiU y del Grupo Mixto (BNG) y la abstención del resto de los partidos. No obstante, han salido adelante varias enmiendas transaccionadas por el PP con el PSOE e Izquierda Plural.
Tras el voto, la reforma pasa al Senado y si allí hay enmiendas, entonces volverá al Congreso.
La nueva regulación "intensificará" el control y las inspecciones, así como las obligaciones de informar sobre las capturas, según ha explicado el portavoz de Pesca del PP, Joaquín García Díez.
Uno de sus bloques incluye un rango amplio de multas para pescadores que no respeten las reglas y una graduación según su gravedad. En el caso de infracciones muy graves, la penalización oscila entre los 60.001 y los 600.000 euros. García Díez ha explicado que otro apartado de la reforma es el de un registro unificado del censo de la flota y otro, el relacionado con la "diversificación", con vistas a impulsar el turismo marinero como complemento de la renta de los pescadores y en el que trabajen profesionales del mar.
El diputado popular ha defendido que el proyecto respeta la "jurisprudencia" y el reparto de competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas, frente a las críticas de partidos como CiU, PNV o BNG por esta cuestión.
La portavoz de Pesca del PSOE en el Congreso, Consuelo Rumí, ha manifestado que la reforma es "necesaria" pero las propuestas del Gobierno han sido "insuficientes" y "poco ambiciosas" para conseguir una revisión adecuada de las reglas de este sector y de la acuicultura.
En cuanto a las enmiendas pactadas entre socialistas y populares, figuran mejoras técnicas para apuntalar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, por ejemplo precisando definiciones sobre reservas marinas o sobre los arrecifes artificiales.
PP y PSOE también han consensuado cambios relacionados con el control en los puertos o las comunicaciones obligatorias, a través del diario electrónico de los buques.
El portavoz de Izquierda Plural, Álvaro Sanz, ha defendido propuestas para potenciar el cumplimiento de las normas y el "modelo" de flotas artesanales; el PP ha aceptado solo una enmienda.
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Páramo, ha criticado la reforma, por suponer "una deslealtad y un nuevo vaciado de competencias" a las autonomías y en especial, a la Generalitat, con ejemplos como la regulación del pesca-turismo.
En la misma línea, se han expresado el portavoz del PNV, Joseba Aguirretxea, quien se abstuvo en el voto, y la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila, que rechazó la reforma.
