La organización ha trasladado esta situación a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
La organización agraria COAG alerta de que "una parte importante" de las bodegas "están incumplimiento de forma sistemática" la Ley de mejora de la cadena alimentaria en lo que respecta a la formalización de contratos escritos antes de la entrega de la uva y el cumplimiento de los plazos de pago.
"No se están realizando contratos por escrito que recojan el precio de la uva antes de la entrega", ha asegurado COAG en una nota.
Según la Ley, es obligatorio formalizar contratos por escrito con un productor primario con motivo de la entrega de productos agroalimentarios no transformados, salvo que éstos se abonen al contado, ha puntualizado esta organización agraria.
Dichos contratos deberán recoger el precio de la uva, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables.
El precio podrá tener una cuantía fija y una cuantía variable que se determinará en función de factores objetivos y verificables, abonándose a partir de su determinación.
Por su parte, los aplazamientos de pago de la misma no podrán exceder de 30 días a partir de la fecha de la entrega de la mercancía, "situación que también se está incumpliendo de forma generalizada y no sólo en el sector vitivinícola".
Las sanciones por no formalizar ningún tipo de contrato escrito o no incluir los requisitos que como mínimo debe contener se elevan hasta los 3.000 euros, según ha recordado COAG.
En el supuesto caso del incumplimiento de los plazos de pago la cuantía se podría elevar hasta los 100.000 euros.
La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo dos años contados desde la sanción por resolución firme podría disparar la sanción hasta el millón de euros.
