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La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucarera (Cncrca) han rechazado la campaña "25 gramos" que quiere impulsar el control de la venta y la publicidad del azúcar, porque creen que está llena de "falsedades".

Los agricultores han denunciado que dicha campaña, liderada por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global, mezcla argumentos "pseudocientíficos" y denuncias "populistas" que "nada tienen que ver con la realidad del sector remolachero-azucarero español y europeo".

Según Asaja y Cncrca, "se pretende criminalizar un cultivo como el de la remolacha y una industria como la azucarera, de importancia capital para nuestra agricultura y para la economía de nuestro país". Asimismo, han criticado que este tipo de acciones tengan respaldo financiero del Gobierno, en concreto de la Agencia Española de la Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ello han pedido al Gobierno que retire su apoyo a esta campaña "totalmente inconsistente y sobre todo dañina para los intereses agrarios españoles".

Según el comunicado, las acusaciones de la ONG no tienen base científica en relación a la ingesta diaria de azúcar recomendada, "solo aportan alarmismo y confusión en los consumidores, que se merecen una información menos tendenciosa y más rigurosa".

Los productores han recordado que este sector agrario ha afrontado una "profunda reconversión, con un importante esfuerzo de profesionalización que ha llevado realizar fuertes inversiones para llegar a ser líderes europeos en rendimientos y también en innovación".

Asimismo, según la misma fuente, la industria azucarera y los trabajadores de esta actividad se han unido en defensa del modelo europeo de regulación del mercado de azúcar, que además garantiza un acceso preferente a las importaciones procedentes de los países más pobres así como de las naciones del África, Caribe y Pacifico (ACP).

Asaja y los remolacheros han añadido que este cultivo está reconocido como "agroambientalmente beneficioso", por su bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono. "Por todo ello, no parece coherente ni apropiado que nuestro Gobierno, a través de la Aecid, se sume alegremente a los que pretenden atacar injustificadamente este importante cultivo", según la nota.