Se trataría de un eventual impuesto al vino propuesto por el comité de expertos sobre fiscalidad
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se han sumado al frontal rechazo mostrado ya por la patronal FEV a un eventual impuesto al vino que propone el comité de expertos sobre fiscalidad que asesora al Gobierno -en un informe no vinculante-, por sus efectos negativos en economía y empleo.
Desde Asaja, José Ugarrio ha recordado que las noticias son contradictorias porque hay quienes apuntan que el presidente Rajoy no quiere tocar los impuestos al vino que el comité de expertos sobre tributación defiende en sus recomendaciones. Comenta, asimismo, que "el sector no está por la labor" de que se ponga en marcha un impuesto al vino porque "sería nefasto" para el medio rural, los pueblos y las familias que viven del viñedo. "En otras ocasiones lo han intentado (aplicarlo en España), pero el sector siempre ha trabajado conjuntamente para que no se produjese" esa carga impositiva al vino -recuerda-, un alimento clave además de la dieta mediterránea. "Consideramos que el Gobierno y el Ministerio no debe llevar a cabo la recomendación" del comité de sabios, apostilla Ugarrio.
Recuerda que el consumo de vino "está cayendo año tras año" en España, por lo que una tasa al vino "sería nefasto" y "habría que cerrar muchas industrias, cooperativas, bodegas, habría menos puestos de trabajo y salarios". "Los agricultores y la industria bodeguera ya pagan sus impuestos y, una tasa recaudatoria de estas características, lograría una cuantía de dinero escasa para el perjuicio que provocaría" para todo el sector vitivinícola, concluye.
El responsable técnico del sector vitivinícola de COAG, Carlos Mateos, afirma que un gravamen al vino sería "absolutamente negativo" y recuerda que Francia, donde desde hace tiempo se aplica un canon a este mismo producto -el único gran productor que lo hace-, lo justifica por la necesidad de elaborar datos estadísticos, por lo que no es una medida pensada para recaudar más en ese país. Subraya que todos los países productores de vino importantes coinciden en "su política de no poner impuestos alcohólicos al vino", entre ellos Italia, Portugal y Alemania, conscientes de que es un sector "primordial para la economía agraria". Incluso en Francia, añade, la tributación es menor que en España, al tener un 19,6 % de impuesto sobre el valor añadido (TVA). Recuerda que la ley nacional de la viña y el vino considera al vino como un alimento, y por tanto, rechaza más presión fiscal.
El vino tributa al 21 % en la venta al público, salvo en la restauración, que lo hace al 10 %, detalla este portavoz de COAG, que avisa de las repercusiones negativas que tendría para el consumo interno -que cayó un 5 ó 6 % anual en la última década; sólo 20 litros per cápita ahora- y para la competitividad internacional. "Sería como dar la puntilla al sector", en un momento en el que parece -agrega- que deja de caer el consumo interno por fin.
Fuentes de UPA han coincidido en remarcar su "absoluto rechazo" a que el vino pueda considerarse por el Gobierno "como una bebida alcohólica al uso y sea gravado con un impuesto" Ha llamado la atención sobre las implicaciones socioeconómicas que tendría una medida de estas características, y tachan de "reduccionista" la propuesta que otros Gobiernos han intentado pero que siempre ha sido descartada por el rechazo del sector. UPA recuerda que "millones de personas viven del mundo del vino y la viticultura" directa o indirectamente y matiza que las implicaciones económicas "serían tremendas". "No tiene ningún sentido" imponer un nuevo tributo al vino y, de hecho, "no creemos que se vaya a implantar en España", concluye.
La Federación Española del Vino (FEV) dijo esta semana que la propuesta "carece del rigor necesario ante una cuestión de tal envergadura, ya que se sostiene sobre una débil argumentación".
Con el impuesto cero actual, el consumo en España "roza mínimos históricos, a la cola de la mayoría de los Estados Miembros", dice.
En opinión de las empresas del vino, no se trataría de un impuesto finalista, ya que su recaudación no tendría repercusión para mitigar el "coste social" que el consumo puede ocasionar.
Por otra parte, el gravamen que aplica Francia al vino -según datos de la FEV, es de 3,72 euros por hectolitro para el vino tranquilo y de 9,23 euros para el vino espumoso- existe desde hace más de tres décadas y no tiene carácter recaudatorio, aunque en el último año ha sufrido un incremento testimonial.
La medida no está adoptada aún, tal y como ha reconocido hoy en el Congreso de los Diputados el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien se ha mostrado además, en lo personal, contrario al nuevo impuesto al vino que propone el comité de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma fiscal que les encargó el Ministerio de Hacienda.
"No me gusta el impuesto al vino y así lo defenderé" ante el Gobierno, aseguró el ministro en el Congreso, en respuesta a una interpelación del Grupo Socialista sobre política agraria y pesquera.
