La necesidad de una justicia para el siglo XXI

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19 de Febrero de 2014
Francisco Casero Rodríguez
Carta de Francisco Casero Rodríguez en su 7º día de huelga de hambre, que ha hecho entrega en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un escrito sobre “La necesidad de una justicia para el siglo XXI”

Sr. Presidente:

la Transición española produjo el indudable efecto de reformar y modernizar dos de los tres poderes tradicionales del Estado, el Ejecutivo (la Administración y la estructura territorial) y el Legislativo (soberanía popular y elecciones democráticas); sin embargo, pese a los esfuerzos del Texto Constitucional quedó sin verdadera actualización, acorde con los principios esenciales del Estado Social y democrático de Derecho, el tercer poder, el Judicial.

No se trata ahora de profundizar en cómo queda supeditada la elección de los órganos de gobierno de los jueces no a la voluntad popular sino a la de los partidos políticos mayoritarios ni en cómo seleccionamos a nuestros jueces y demás operadores jurídicos, sino de constatar la nula voluntad política de que la Administración de Justicia sea acorde con las imperiosas necesidades sociales del Siglo XXI.

La cada vez más creciente desilusión de la ciudadanía con la Justicia no solo se imbrica en las devastadoras consecuencias estructurales de la crisis económica, sino que tiene su origen tanto en la escandalosa falta de inversión suficiente en medios humanos y materiales de las últimas décadas como en la ausencia de auténtica convicción de cuál sea su auténtico fundamento democrático: resolver con eficacia y alto sentido “moral” los conflictos personales y colectivos. Que se estén señalando juicios de reclamaciones de cantidad salarial de trabajadores contra sus empresarios para el año 2018, es un ejemplo obsceno de la absoluta falta de interés en que la Justicia sirva al pueblo. No consta que nadie haya dimitido ni pedido perdón por semejante desatino.

Sin dejar de constatar la dedicación, preparación y cualificación técnica de la mayoría (desde luego, no todos) de quienes intervienen en la administración de la Justicia (Jueces, Fiscales, Secretarios, funcionarios, Abogados, Procuradores), es necesario poner de manifiesto la inutilidad práctica que supone la resolución tardía de los conflictos. Por definición una Justicia tardía es injusta, paradoja que debería quitar el sueño a quienes son responsables de la politización de la Justicia (como a quienes se empeñan en judicializar la política), de la falta de jueces, de la falta de instalaciones, de la desmoralización de los funcionarios, de la progresiva pérdida de calidad de las resoluciones; paradoja que ahondará con graves consecuencias la brecha entre Tribunales y Sociedad, sin que nadie parezca estar preocupado por ello.

Flaco favor hace a todo ello el implacable avance de lo peor de la tradición latina de nuestro sistema jurídico: la diarrea legislativa. El cúmulo de leyes aprobadas por las Cortes y Parlamentos y de normas de desarrollo de los Gobiernos, hacen casi imposible un mínimo desarrollo económico justo para las capas sociales menos favorecidas y peor asesoradas, hacen asfixiante la convivencia y atascan la solución de los conflictos en detrimento de fórmulas arbitrales y de mediación ágiles y de consenso.

La Administración de Justicia parece vivir de espaldas a los tiempos actuales y no ser consciente de la inmediatez que exigen las nuevas tecnologías, las redes sociales y los requerimientos de información. La falta de permeabilidad hace que la Justicia haya defendido mal los más esenciales valores constitucionales como lo demuestra la absoluta pérdida del derecho a la presunción de inocencia en España, ha quedado devorado por los intereses partidistas, la lentitud judicial, los alineamientos ideológicos de algunos jueces y el pasotismo de todos. La quiebra de uno de los pilares del estado de derecho debería preocuparnos a todos hondamente.

Las tasas jurídicas han conseguido no sólo dificultar al acceso a la justicia, sino imposibilitarlo para muchas personas. En Andalucía no deja de sorprender, además de intensificarse cuanto se ha dicho como es habitual, cómo se eternizan los procesos judiciales de mayor calado y repercusión social sin que se doten de fórmulas flexibles de apoyo a los órganos judiciales que lo necesitan, sin el menor atisbo de valentía ni de exigencias a nadie.

No es difícil convenir que es responsabilidad de todos la situación esbozada y que flaco favor se haría a los mandatos constitucionales si se continúa mirando para otros lados, si se sigue jugando con ventaja a las presiones y las conspiraciones de mesa camilla, si no se apuesta de una vez (y treinta y cinco años después va siendo hora ya) por una Justicia moderna y al servicio de las necesidades sociales, por completar la Transición de una vez. Deberán convivir las garantías procesales con la eficiencia, la igualdad con la agilidad, el respeto al justiciable con la cualificación técnica y moral. En caso contrario correremos el peligro de hacer política desde los Juzgados, el riesgo del desapego de los ciudadanos, la desmoralización de todos… y eso será parte del más radical fracaso del esfuerzo colectivo realizado en estas décadas en España.

 

     Reciba un cordial saludo,

 

Francisco Casero Rodríguez

Lunes, 16 de Diciembre de 2019
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