El objetivo no es extender el régimen actual, sino buscar una nueva fórmula que resuelva los problemas existentes en la plantación del viñedo más allá de 2015.
La Comisión Europea (CE) está estudiando la posibilidad de mantener los derechos de plantación del viñedo más allá de 2015, pero a través de un nuevo sistema más "eficaz y flexible", informaron fuentes del Ejecutivo comunitario.
El objetivo no es extender el régimen actual, sino buscar una nueva fórmula que resuelva los problemas existentes. El asunto lo adelantó el propio comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, en los márgenes de una reunión informal de ministros que se celebra en Chipre.
Por primera vez en el proceso de revisión de la reforma del vino, la CE está considerando la idea de continuar con los derechos que limitan el cultivo de viñas, una reclamación en la que insisten 15 Estados miembros, incluido España.
Esta posibilidad se pondrá sobre la mesa el próximo 21 de septiembre, en la tercera reunión del grupo de alto nivel sobre el vino creado por la CE este año para analizar las peticiones en favor del mantenimiento de los "derechos de plantación".
Hasta ahora la Comisión se había aferrado al compromiso, asumido por la UE en 2008 con la reforma del sector del vino, de liberalizar las plantaciones a partir del 1 de enero de 2016 (con la posibilidad en algunos casos de conservarlos hasta 2018).
En los últimos años, España, Francia, Italia, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y otros países han pedido a Bruselas que reconsidere la decisión de eliminar los derechos y que mantenga el régimen más allá de esa fecha en toda la UE.
Para examinar esas demandas, la Comisión creó este año un grupo de alto nivel que ya ha celebrado dos reuniones y en septiembre mantendrá la penúltima de ellas. Esos encuentros han servido a Bruselas para identificar la "dirección" que deberá seguir su propuesta.
La CE opina que "no se puede dirigir todo desde Bruselas" y que hace falta una regulación y "no una microgestión".
El objetivo es huir de un "enfoque tecnocrático" que rija al sector "desde arriba" e implicar más en la regulación a los territorios, los viñedos y los profesionales, que son quienes mejor conocen mejor los mercados, indicaron las fuentes.
El sistema que analiza Bruselas dejaría la puerta abierta a que las organizaciones interprofesionales asumieran la regulación de los vinos con denominación de origen o con una indicación geográfica protegida.
Para los vinos sin apelación, la regulación se podría llevar a cabo bien a través de los Estados miembros o de las organizaciones profesionales, con una "red de seguridad" a nivel europeo que se activaría en caso de crisis o de problemas en el sector, adelantaron las fuentes.
Los países que se oponen a la liberalización de los derechos de plantación argumentan que una expansión de la superficie de viña provocará una "devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen y una "industrialización excesiva" de la viticultura europea.
Además, alertan de que el riesgo de exceso de producción que rebajará los precios a causa de un aumento de la oferta y perjudicará a las zonas menos productivas.
