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El Magrama envía modelos de contrato lácteo a AICA para que estudie su legalidad

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21 de Mayo de 2015
Redacción
La AICA será ahora la que tendrá que iniciar la investigación

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) trasladará a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ocho tipos de modelos de contratos lácteos remitidos por las organizaciones agrarias para que la agencia abra una investigación y determine si son legales o no.

Así lo ha asegurado el secretario general de Agricultura y Alimentación del Departamento, Carlos Cabanas, tras mantener una nueva reunión con los miembros que componen la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) para seguir estudiando la adaptación del sector al nuevo paquete lácteo y al fin de las cuotas.

Cabanas ha señalado que falta "información complementaria" en la documentación remitida por las organizaciones agrarias para determinar si los ganaderos han firmado toda su producción láctea bajo este tipo de modelos remitidos a la AICA o no. La AICA será ahora la que tendrá que iniciar la investigación y determinar estos asuntos, según Cabanas.

Dicha agencia deberá comprobar también si estos ocho modelos de contrato afectan a más de un millar de ganaderos, tal y como ha sostenido UPA en el encuentro, según ha detallado el secretario general de Agricultura y Alimentación.

UPA también había pedido que se activasen medidas como la compra de intervención o el almacenamiento privado pero Cabanas ha recordado que este tipo de acciones están reguladas por la legislación comunitaria y no dependen del Departamento.

A pesar de que no depende del Magrama, ha subrayado que, "si fuese necesario", se puede hacer una petición a la UE para que tome la decisión pertinente.

El objetivo del Magrama, según ha remarcado, es que no se quede "ni un litro de leche por recoger" y "asegurar que los precios responden a los costes de producción".

Aparte de ello, en la mesa de hoy se han planteado diversas actuaciones, como un plan estratégico para la creación de organizaciones de productores supra-autonómicas y de campañas de información entre los ganaderos sobre el nuevo paquete lácteo.

Se ha hablado también de trabajar junto a la interprofesional Inlac en la puesta en marcha de un código de buenas prácticas o en la implementación y actualización de índices de referenciación de precios para firmar los contratos lácteos.

Asimismo, se ha avanzando en el estudio de la necesidad de ayudas acopladas para determinadas explotaciones lácteas de zonas de montaña, la necesidad de acciones de promoción y consumo en espacios como las escuelas y la puesta en marcha de un plan de acción coordinado que potencie la presencia de la industria láctea española en el mercado internacional.

El presidente de sectorial láctea de Cooperativas Agro-alimentarias, José Luis Antuña, ha señalado que hay propuestas a corto plazo para garantizar la recogida de leche y "efectivamente se está haciendo".

A su juicio, también hay que buscar una "salida estructural" con medidas que "habrá que elaborar progresivamente" y que pasan por fomentar el consumo, darle mayor valor al productor y mejorar la capacidad de negociación de los productores redimensionando para ello sus organizaciones.

Desde Asaja, su vicepresidente, Francisco Bello, ha trasladado a Cabanas información detallada sobre actuaciones "incomprensibles" de primeros compradores que están haciendo una aplicación "torticera" del nuevo paquete lácteo.

Ha informado de que serían unos 18, del total de 322 primeros compradores censados, los que estarían llevando a cabo estas prácticas y espera que, si están incumpliendo la ley, sean sancionados para "reconducir" la situación.

El miembro de la ejecutiva de COAG Andoni García, ha calificado de "insostenible" la situación, especialmente en la cornisa cantábrica, Castilla y León y zonas de montaña donde los precios en origen "hacen imposible" que se cierren los contratos.

Ha asegurado que hay casos en los que se está obligando a los productores a renunciar a un año de contrato, "cuando es algo que recoge la ley", y otros casos en los que es la industria la que establece un precio, lo que es un "abuso".

Desde UPA, el secretario de Ganadería, Román Santalla, ha mantenido que los contratos "basura" afectarían a cerca de 3.000 explotaciones que se encuentran en una situación "dramática"

"Si no se da respuesta inmediata y contundente, no solo estos ganaderos se verán en la ruina, es que corre el riesgo el sector lechero español de que todo el valor de la cadena se deteriore de forma irremediable", ha subrayado.

Viernes, 29 de Marzo de 2024
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