La del 2 de marzo será la tercera reunión de esta mesa del aceite
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado para el 2 de marzo a la Comisión del Seguimiento del Convenio de colaboración para la valorización (Mesa del Aceite) para analizar los controles e incumplimientos de la Ley de la cadena.
La reunión había sido solicitada por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), que trasladó al Gobierno la "preocupación" del sector por los precios de venta al público "por debajo, o muy por debajo" de las cotizaciones en origen en los últimos meses.
En el próximo encuentro se analizarán, previsiblemente, las acciones que desarrolla el Gobierno sobre la cadena alimentaria tras la reciente ley y la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), así como los posibles incumplimientos detectados hasta la fecha, además de evaluar los métodos analíticos en el aceite de oliva, entre otros asuntos.
El Ministerio auspició hace aproximadamente un año el denominado Convenio de colaboración para la valorización, la mejora de la calidad, de la promoción y de la información al consumidor, que rubricaron organizaciones agrarias, cooperativas, distribución alimentaria y la propia industria.
La del 2 de marzo será la tercera reunión de esta mesa, después de dos encuentros anteriores, uno constituyente y otro para organizar la comisión de seguimiento del citado convenio.
El encuentro se produce en pleno debate sobre el tratamiento que las empresas de distribución hacen del aceite, como gancho comercial, según han denunciado organizaciones del sector oleícola, que aseguran que ofertan producto por debajo del precio de coste.
Anierac aseguraba, recientemente, que las principales cadenas de distribución alimentaria "están acentuando una batalla comercial" en la que, junto con otros alimentos, destaca a su juicio la utilización de los precios de los aceites de oliva".
Anierac pedía entonces la colaboración del Ministerio para que, "con su empuje, ponga en marcha y coordine las actuaciones de las administraciones públicas que tienen las competencias para vigilar y sancionar, si se dan, las prácticas de vena a pérdidas que están prohibidas en nuestras leyes".
