Las diferentes asociaciones han mostrado sus reacciones ante la aporbación de los diferentes reales decretos de la PAC 2015-2020
El reparto y control de las ayudas a los productores, la definición de agricultor activo, el desarrollo rural o la regionalización son algunas de las cuestiones que preocupan a sector agrario y partidos políticos en el día en que se han aprobado los reales decretos de aplicación de la PAC 2015-2020.
El director de Relaciones Internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Trenzado, asegura que ahora "hay que ponerse a trabajar para que tengamos el horizonte más estable posible en los próximos años". Trenzado ha instado al Gobierno a controlar con efectividad que cobren quienes realmente tienen actividad profesional y mantienen en buenas condiciones las tierras.
Desde Asaja, su director de relaciones internacionales, Ignacio López, apunta que la normativa tiene las "herramientas suficientes" para garantizar que las ayudas llegan a los que de verdad se dedican a la agricultura y a la ganadería. Lo importante, según López, es que "se cumplan" y que el Gobierno sea "estricto" y "riguroso" a la hora de controlar la concesión de las subvenciones.
La organización agraria COAG señala que, con la aplicación de la reforma de la PAC en España, "se pierde una histórica oportunidad para orientar las ayudas" a las explotaciones profesionales que generan empleo y riqueza en el medio rural, frente a los "cazaprimas, absentistas y especuladores". En un comunicado, critica que el Ministerio haya modificado su postura inicial respecto al mínimo de carga ganadera necesaria para percibir ayudas PAC asociadas a los pastos y que amplíe "las excepciones al respecto".
A juicio del secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, "perderán los verdaderos profesionales del campo". Ramos plantea que "se ha perdido una oportunidad histórica" para cambiar esta política en favor de los agricultores y ganaderos que realmente trabajan en el campo; y que las nuevas ayudas se asignarán a más hectáreas, con lo que el pago por superficie se reducirá y las hectáreas más productivas y que más empleo generan "serán las más perjudicadas".
Desde el Partido Popular, su secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente, María Luisa Soriano, afirma que "ofrece un período de estabilidad para los agricultores y ganaderos españoles". En un comunicado, Soriano defiende que el modelo español "dispone de todas las herramientas necesarias para que el sector agrario gane competitividad en los próximos años y siga siendo un fuerte motor de riqueza y empleo, especialmente en las zonas rurales".
Por parte del Grupo Socialista, su portavoz en la Comisión de Agricultura del Congreso, Alejandro Alonso, critica la tardanza del Gobierno en aprobar la norma, así como la definición de agricultor activo que recoge. Alonso considera que "es un hecho que hay menos dinero, y es intolerable las fechas y el procedimiento para la aprobación de los reales decreto", además de solicitar la comparecencia de la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, en el Congreso para explicar el modelo que adoptará España.
El portavoz de EAJ-PNV en la Comisión de Agricultura del Congreso, Joseba Agirretxea, opina que las normas aprobadas hoy respaldan un modelo centralista y continuista y recuerda que han reclamado uno que "respete las competencias legislativas, ejecutivas, y de gestión que tiene Euskadi". Agirretxea también se ha mostrado "totalmente en desacuerdo" con la propuesta presentada en relación a las ayudas acopladas, "porque no se apoya de manera decidida a la agricultura de montaña", lo que, a su juicio, puede provocar un impacto negativo en determinados sectores ganaderos.
El diputado por Izquierda Plural Álvaro Sanz lo califica como una oportunidad "perdida" para reorientar las ayudas, "de cara a propiciar un modelo concreto de agricultura que pilota sobre el activo agrario profesional". "Ya dijimos que la PAC, tal cual estaba, era nefasta para el campo y estos reglamentos demuestran y confirman esto", añade Sanz.
La portavoz de Agricultura del Grupo Mixto en el Congreso y diputada del BNG, Olalla Fernández, cree que en la nueva Política Agraria Común 2015-2020 "siguen siendo las grandes extensiones que, muchas veces no están en producción", las más beneficiadas por la PAC. Fernández ha afirmado que se "ha perdido una oportunidad" para que los fondos estuvieran orientados "a una sostenibilidad social mayor de la que se reconoce actualmente; las explotaciones familiares deberían tener una consideración importante" en el nuevo marco, pero no es así".
Por su parte, el diputado por Valencia Joan Baldoví (Compromís) afirma que los reales decretos se alejan "un poco" del modelo "que debería" regir en los próximos años, ya que era una ocasión para definir de forma "muy clara quién es agricultor activo". Para Baldoví, estas medidas "justo van en el camino contrario, porque allanan el camino a la gente que no tenga su principal medio de vida a través de la agricultura" y no priman "a la gente que vive y trabaja fundamentalmente del campo".
