Los algodoneros de los campos del Bajo Guadalquivir andaluz y las factorías que procesan y separan la fibra de las semillas para abastecer las hilaturas textiles se han visto condenados a entenderse pese al conflicto de intereses, en muchas ocasiones casi irreconciliables.
La investigación de la CNC sobre un presunto cartel de las empresas del desmotado de algodón -que podrían haber fijado precios al agricultor, repartido el mercado o cerrado el acceso a otros operadores-, ha reabierto viejas heridas y el debate sobre la debilidad del productor frente a las industrias.
Los algodoneros de los campos del Bajo Guadalquivir andaluz y las factorías que procesan y separan la fibra de las semillas para abastecer las hilaturas textiles -y destinar los residuos al creciente negocio de la alimentación de la ganadería o a otros usos- se han visto condenados a entenderse pese al conflicto de intereses, en muchas ocasiones casi irreconciliables.
Los algodoneros y desmotadoras sí unieron sus fuerzas en algunos momentos y defendieron como "hermanos reñidos" al sector frente a la amenaza de desaparición del cultivo por las sucesivas reformas comunitarias que ponían en riesgo el régimen de ayudas que disfruta.
Protagonizaron en unidad de acción algunas de las mayores movilizaciones agrarias hace diez años en comarcas algodoneras, Sevilla, Madrid o Bruselas, en la "mesa del algodón".
Pero disintieron después de que las autoridades decidieran detraer 48 millones de euros para un período de ocho años de las ayudas europeas vinculadas a la producción y a los algodoneros, para pagar la reestructuración de las desmotadoras impulsada por la Unión Europea (UE) y el cierre voluntario de las que quisieron abandonar.
Ahora, la decisión de la CNC de ampliar la incoación del expediente sancionador que mantenía abierto desde febrero de 2012 -que extiende ahora a la Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA), la Asociación de Desmotadoras del Sur (Adesur), Complejo Agrícola (Comasa) y a su matriz Agrícola Conagralsa, por posibles prácticas restrictivas de la competencia-, reabre heridas. El expediente de la CNC afecta ya, por distintos motivos, a Eurosemillas, Surcotton, Dafisa, Algosur, Indesa, Coalsa, Comasa-Agrícola Conagralsa, Algodonera Blanca Paloma, Aeda y Adesur.
Es la segunda vez que este sector se somete a la lupa de las autoridades: en 1996, el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia impuso sanciones contra 19 desmotadoras, multas ratificadas posteriormente por la Audiencia Nacional con cuantías de entre 3.928 y 153.730 euros, es decir hasta 25,56 millones de las pesetas de la época en uno de los casos.
La mayoría de aquellas desmotadoras han cerrado por el proceso de reestructuración al que obligó la UE, fusionado o reconvertido, aunque se mantienen operativas Surcotton, Eurosemillas y Algodonera Blanca Paloma, nuevamente afectadas por la actual investigación de la CNC.
En el origen de esta investigación, fuentes del sector sitúan las denuncias de UPA-Andalucía -por posible pacto de precios contra el sector desmotador- y de Asaja-Sevilla contra Ministerio de Agricultura y Junta de Andalucía por "impedir" la libre competencia en el sector de la desmotación-, así como las liquidaciones de precios a los agricultores muy parecidas o presuntas reuniones de las principales desmotadoras.
Por su parte, la Asociación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA) ha declarado que cumplen rigurosamente con la normativa española y europea sobre derecho de la competencia y que desconocen los motivos exactos por los que se les investiga.
La CNC tiene unos meses para culminar la investigación y para la resolución de este expediente por la Comisión y, hasta ese momento, debe prevalecer la presunción de inocencia.
España es el único país productor de la UE, junto a Grecia, en un mercado internacional dominado por China, EEUU o La India; es un cultivo fundamental para la economía de 140 municipios y genera 800.000 empleos.
Sólo el 10 % de la fibra arrancada en 190.000 toneladas de algodón andaluz (en esta campaña recientemente culminada) se queda en España; el resto se destina a Asia (56 % del volumen), con las factorías textiles chinas en cabeza, a la Unión Europea (26 %, en Portugal, Italia o Alemania) y al norte de África (8 %, en Marruecos fundamentalmente).
El algodón español resiste frente a la dura competencia de los latifundios americanos o chinos, y de los campos centroafricanos, y explora nuevas vías de futuro, como implantar un sello solidario y sostenible para diferenciar una producción social y ética.
