Por el reciente acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, el país alauí puede ser utilizado "como plataforma" para introducir ajo.
El sector europeo del ajo teme que, en virtud
del reciente acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos,
el país alauí sea utilizado "como plataforma" para introducir esta
hortaliza producida en terceros países.
Así lo ha explicado
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha,
en el que detalla que éste fue uno de los asuntos abordados en
Madrid por el Comité Mixto franco-italiano-español de frutas y
hortalizas, junto a la posibilidad de crear una marca de ajo europeo
para su promoción.
Respecto a Marruecos, y aunque no se trata
de un país productor, sí podría convertirse en lugar de reexpedición de
ajo de terceros hacia Europa, en virtud del último acuerdo de
liberalización de los intercambios suscrito entre Bruselas y Rabat,
temen los productores.
La puesta en marcha de una marca
conjunta para el ajo europeo que permita diferenciarlo en el mercado
frente a producciones importadas de terceros países centra parte de las
discusiones del sector, "aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo
definitivo" para implantarla.
Para el presidente de la Mesa
Nacional del Ajo, el conquense Julio Bacete Gómez, "es necesario
articular instrumentos que permitan a los consumidores conocer su
procedencia" y elegir "alimentos obtenidos bajo sistemas y procesos
seguros a los que están obligados los productores europeos, pero que no
todos los importados acreditan".
Además, el Comité Mixto ha
tratado el reconocimiento por parte de la Comisión de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) del ajo chino Jinxiang da Suan, una medida
que no comparten los profesionales del sector europeo.
Tras
conocer que este producto está incluido en el contingente de importación
vigente para China, los ajeros europeos han exigido control sobre esos
flujos anuales para evitar "irregularidades en las importaciones de este
país de las que ha sido protagonista en el pasado reciente e
investigadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)".
El grupo de contacto también ha informado sobre las limitaciones
legales crecientes y la no disponibilidad de uso de productos
fitosanitarios para la protección del cultivo del ajo, entre otros
asuntos.